Excélsior
La Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) no tiene la infraestructura ni los recursos para atender los eventos casos de aborto, tras las reformas al código penal para interrumpir legalmente el embarazo antes de la semana 12 de gestación, reconoció el titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla.
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El secretario aseguró que los hospitales no cuentan con el equipo ni insumos para su práctica, ni los médicos están capacitados, por lo que la dependencia a su cargo prevé demandar una partida presupuestal extraordinaria para atender las carencias mencionadas.
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La intención del gobierno del estado es poner el tema (del aborto) sobre la mesa ante la Federación y que sea esta la que se encargue de suministrar los insumos y equipo para cumplir con esta práctica, ya legalizada en Oaxaca”.
En relación aquellos médicos asociados quienes advirtieron que habrán de negarse a esta práctica, el funcionario estatal afirmó “seremos respetuosos de quienes no practiquen los aborto en ámbito privado”, aunque en el sector público, “hace más de 20 años se practican abortos en caso de violación, peligro de la madre o el producto”.
Informó que en el transcurso de este año en Oaxaca se llevan practicados tres mil abortos bajo la condiciones antes mencionadas.
De acuerdo con la reforma aprobada por la 64 Legislatura del Congreso del Estado el 25 de septiembre pasado, evita la criminalización de las mujeres que deciden ser o no madres, lo que ubica a Oaxaca como la segunda entidad del país en despenalizar el aborto, después de la Ciudad de México.
Sin embargo, el Poder Legislativo aún tiene pendiente la reforma a la Constitución Política de Oaxaca, en cuyo artículo 12 se establece que: “En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural.”
El precepto constitucional sigue intocado porque el dictamen correspondiente no fue sometido a consideración del pleno porque la mayoría del Partido Morena no reunió la mayoría calificada.
Al quedar incompleta esta reforma, los legisladores promoventes de Morena le apuestan al argumento pro-persona, respaldado en las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia.
