La Jornada
Los contratos que se otorgaron el año pasado para el Tren Maya, de los que hay registro por al menos 677 millones 511 mil pesos erogados por el gobierno federal, aún están en la fase de evidenciar si la obra es viable, explicó un funcionario del proyecto.
Un nuevo bloque de licitaciones, con toda la estructura jurídica, técnica, económica y detalle demográfico, se dará a conocer la semana próxima, en una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó.
Ello, luego de que el año pasado –sin consulta previa a las comunidades de la región– avanzaron las contrataciones de asesoría, ingeniería y trabajos técnico-jurídicos para la liberación de derecho de vía. Incluso, diseño de los polos de desarrollo que recorrerán la Península de Yucatán.
El funcionario consultado reiteró que si las comunidades por las que atravesará el Tren Maya hubieran votado por el no a mediados de diciembre, independientemente de los más de 677 millones de pesos ya invertidos, no se hubiera continuado el proyecto en las regiones donde no hay estructura ferroviaria. Pero, independientemente de la consulta, la rehabilitación de las vías en la zona sigue contemplada por el gobierno federal.
Subrayó que el estudio de ingeniería básica sólo abarca los tramos donde no hay líneas férreas. De hecho, de Palenque a Valladolid ni siquiera se necesita manifestación de impacto ambiental, al contarse ya con la vía en la región.
A la par, la fuente agregó que el ejercicio de consulta del año pasado no es definitivo y se trata apenas del comienzo del trabajo en las comunidades para dar información sobre el proyecto.
Se acabó esa fase, pero el grueso de la consulta apenas empieza. Hubo acuerdos, se instalaron mesas de trabajo, añadió.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, este año se contempla gastar en el proyecto 2 mil 500 millones de pesos, prácticamente seis pesos de cada 10 con que contará el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Los mil 560 kilómetros del Tren Maya, se prevé, estarán en funcionamiento en 2024, último año de la actual administración federal.
Una postura oficial sobre el tema prometió Alejandro Varela, director jurídico del Tren Maya, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La administración de López Obrador, con actitud distinta en otros megaproyectos que se presentan como base de su mandato, esperó un año para preguntar a las comunidades indígenas donde tendrá impacto el Tren Maya, por su aval a la obra, la cual se otorgará a empresas privadas para diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento.
El ejercicio convocado por el jefe del Ejecutivo, con un nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, devino práctica en la que ganó el sí al Tren Maya, con 92 por ciento de votos, pero también en frases como consulta mentirosa por comunidades indígenas que se agrupan en el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Incluso, advertencias de que se defenderá el territorio hasta con su vida.
