Jorge Oropeza
El debate sobre el derecho al olvido finalmente llegó a nuestro país. Un tema que estaba arrinconado en el ámbito académico, hoy se coloca en la esfera pública con la existencia de una iniciativa de ley en el Senado de la República.
Al hablar de este derecho de última generación – también conocido como Habeas Data – nos referimos a la protección que dan las leyes para defender la intimidad y la imagen propias obligando a empresas, medios o plataformas a eliminar o bloquear información presente y pasada que atente directamente contra la integridad de alguna persona. El tema es muy complejo porque su discusión se encuentra en un peligroso límite con la libertad de expresión, el derecho a la verdad y a la memoria. Esto, legislado equivocadamente puede ser una herramienta para que grupos de poder borren evidencias y registros de hechos públicos para que difícilmente sean juzgados por la historia.
Y es que si, por ejemplo, se borraran seguimientos periodísticos sobre actos de corrupción o decisiones públicas equivocadas de personajes de cualquier ámbito se limitaría el derecho a la información, la posibilidad de emitir juicios propios y de que la ciudadanía observe, analice y tome mejores decisiones con base en situaciones con registro en el pasado.
Países como Argentina, Chile, España y en general la Unión Europea han superado parcialmente este debate y ya están en una realidad de implementación legal. Sin embargo, en México – un país en donde se sigue construyendo la claridad del concepto de libertad de expresión y se registran numerosos casos que alertan al mundo sobre las limitaciones de nuestro territorio en esta materia – legislar como se pretende hoy, de manera apresurada, podría achicar peligrosamente el derecho humano de la libertad de expresión que tenemos todas y todos los mexicanos.
