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La reforma judicial que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para resolver los problemas de impunidad y seguridad en el país, sería un retroceso de varias décadas, ya que reviviría algunas “prácticas peligrosas” para obtención de pruebas en los juicios y eliminaría figuras importantes para el proceso, sentenció un experto en la materia.
El pasado 15 de enero, autoridades federales de justicia pospusieron para febrero la entrega oficial del paquete de reformas al sistema de judicial, el cual incluyen dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales, cambios a seis leyes y códigos, así como 14 modificaciones constitucionales.
De acuerdo con los borradores filtrados, la administración federal apostaría por retomar figuras como el arraigo, el cual permitiría encarcelar a una persona sin acusación o sin haber sido presentado ante un juez, por lo tanto, “es una puerta abierta a la tortura y fabricación de delitos”, refirió Luis Eliud Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ante esta medida, abundó, una persona puede estar en una casa de arraigo a disposición de un Ministerio Público durante 40 días, en donde se pueden generar y reunir pruebas, que muchas veces son ilícitas, para presentarlas en un juicio.
También se propondría la eliminación de figuras importantes para la protección personal, como los jueces de control, quienes corroboran que las pruebas presentadas en los juicios sean lícitas, al igual que dictan medidas cautelares a las personas que son detenidas, aseguró.
Con los posibles cambios, la figura del juez de control y de sentencia se unirían en una sola persona, por lo tanto sería una misma autoridad quien revise las detenciones, aplique las medidas cautelares, verifique las pruebas y emita la sentencia, refirió.
“Con eso se vicia la independencia e imparcialidad que se busca con el nuevo sistema penal”, aseveró.
Hay altos niveles de violencia, inseguridad e impunidad que se deben combatir, pero el Centro Prodh no comparte que esa propuesta de reforma sea la solución, explicó el jurista; sería un retroceso otorgarle facultades sin control a los Ministerios Públicos y policías, puesto que se generaría más impunidad y violencia en dichos entes, así como en las fiscalías.
El 65.5% de la población considera que los Ministerio Público y las Procuradurías locales son corruptas, mientras 67% piensa lo mismo de la policía preventiva municipal, pero en el caso de los jueces es de 68%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019.
México requiere de un cambio en el sistema de justicia, pero tiene que ser una reforma que base en la ciencia la investigación penal, que además atienda el fortalecimiento de la política pública, para así revertir las cifras de violencia y seguridad, externó el abogado.
Tras el retraso en la presentación del paquete de reformas, la Fiscalía General de la República tenía hasta el 18 de enero de este año para entregar Plan de Persecución Penal al Senado de la República, sin embargo no se tiene conocimiento de que se haya dado el suceso.
El documento debe presentar una estrategia clara de priorización de delitos, un análisis de contexto, así como la capacidad de investigación diferenciada y la situación de la violencia que presenta el país, pero en su lugar hay “un amago de reforma institucional en materia penal regresiva”, explicó el jurista.
Por lo tanto, es relevante que cuando se presente en febrero la propuesta de reforma judicial del gobierno federal sea discutida de manera amplia, además que se incluyan y escuchen las aportaciones de la academia, instituciones de derechos humanos, el poder judicial y de las víctimas, enfatizó el representante de Prodh.
“Las prácticas de parlamento abierto son efectivas cuando la evidencia empírica y las observaciones de quien trabajamos en esto son escuchadas, pero una reforma legislativa aprobada al vapor que es una vuelta al pasado, que no va a ayudar. Algunas son prácticas (que se contemplan) muy peligrosas, nos hace retroceder no solo años, sino décadas”, refirió.
