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Los días de María Elena Ríos transcurren despacio frente a una recuperación aún lejana. Su cumpleaños número 27, por ejemplo, lo pasó escondida bajo vigilancia, con una mascarilla, vendajes especiales, tratamiento sicológico y terapia física.
Todo es parte de lo que enfrenta la joven tras la agresión que sufrió hace más de cinco meses: el primer ataque con ácido que se registra en Oaxaca y que las autoridades consideran un crimen de odio.
Desde aquel 9 de septiembre, María Elena lucha por reconstruir su vida, su salud y su bienestar emocional, luego de ser rociada con dos litros de ácido sulfúrico en la puerta de su hogar.
Silvia, hermana de María Elena, dice a EL UNIVERSAL que la salud de la joven saxofonista no ha progresado significativamente desde que fue dada de alta del Instituto Nacional de Atención a Quemados en la Ciudad de México.
“Estamos en la etapa en la que el progreso es cada vez más lento. Los especialistas señalan que se requieren de tres a cuatro años”, explica. A pesar de ello, dice que su hermana “está más animada y tiene ganas de hacer cosas”.
Pero mantener el optimismo no es fácil. A la par de la recuperación, la familia enfrenta el desgaste del proceso legal y las investigaciones, que pese a los avances aún no han llevado a la aprehensión de Juan Antonio Vera Carrizal el exdiputado priista señalado como autor intelectual y actualmente prófugo.
Aceitar los engranes
Para que la exigencia de justicia de la familia de María Elena alcanzara verdadera resonancia pasaron más de 90 días desde aquella mañana de septiembre, cuando dos hombres la citaron para pedir su apoyo para el trámite de una visa.
Según las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), todo se trató de un engaño: los hombres, padre e hijo dedicados a la albañilería, fueron presuntamente contratados por el exdiputado para bañarla con el ácido. Así lo hicieron y mientras el padre aguardaba en un vehículo, el hijo cometía la agresión. La madre de ella también resultó lesionada.
Desde entonces, Malena estuvo internada en el Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca, donde no mostró mejoría, por lo que la familia denunció a este diario que no se le estaba otorgando la atención especializada necesaria.
Tras darse a conocer su caso a nivel nacional, la indignación aumentó cuando la fiscalía reconoció que el hecho era indagado como lesiones, puesto que en Oaxaca los ataques con ácido no se consideraban un delito específico.
Fue entonces cuando comenzaron a surgir voces para exigir justicia para la saxofonista. Al reclamo se sumaron diputadas locales y federales, senadoras, activistas y la comunidad artística. Los reclamos dieron resultados y los engranajes de los tres poderes de gobierno comenzaron a girar.
El Congreso de Oaxaca, por ejemplo, reformó la ley para que este tipo de agresiones se indaguen como un delito de género y se castiguen con penas de 15 años. Los Servicios de Salud y la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña trasladaron a María Elena a la Ciudad de México para que recibiera la atención adecuada.
Sólo 13 días después de conocerse su historia, el 23 de diciembre, la Fiscalía de Oaxaca detuvo al primero de los atacantes materiales y dos días después cayó el segundo. También anunció que la agresión se indagaba como tentativa de feminicidio.Ambos están vinculados a proceso por ese delito.
El 26 de diciembre un juez de Control de Huajuapan giró tres órdenes de aprehensión contra los presuntos autores intelectuales, encabezados por Vera Carrizal, y tras desechar un amparo, se ordenó proceder a su captura. Desde entonces la fiscalía ha realizado cateos en domicilios e incluso se lanzó una ficha roja de la Policía Internacional Criminal (Interpol).
A esas acciones se sumó el anuncio de una recompensa para dar con su paradero. A cambio de información veraz que ayude a su aprehensión, se entregará hasta un millón de pesos. Según la ficha, al priista se le busca por el delito de tentativa de feminicidio.
No paran las agresiones
Pero incluso desde el anonimato, los ataques del exdiputado contra María Elena continúan. Hace unas semanas, como parte de una campaña que busca exculparlo, se difundió material digital para probar la relación que en el pasado tuvieron Malena y el hombre, así como presuntos mensajes en los que niega su responsabilidad e imágenes íntimas de la joven.
De acuerdo con Silvia Ríos, la hermana de María Elena, se trata de la labor de una empresa contratada por Vera Carrizal para desprestigiar a la joven.
Ante esta nueva revictimización, el fiscal afirmó que ya se investiga la filtración y se impulsan medidas de protección digital, a través de un monitoreo de redes sociales, que impida la difusión del material íntimo.
“Nunca hemos negado la relación entre el empresario y mi hermana; sin embargo, las acciones que él ha emprendido revictimizan no solamente a María Elena, sino a toda la familia”, apunta.
A días de cumplirse medio año del ataque, la familia lamenta que en el proceso legal se busque no vulnerar al presunto agresor y considera que las leyes deben estar orientadas para defender y garantizar la seguridad de las víctimas. Incluso, temen que la recompensa signifique que su captura aún esté lejana.
En entrevista, el fiscal Rubén Vasconcelos ha reiterado que la violencia extrema del ataque exige un castigo ejemplar y que la dependencia no cesará hasta dar con los culpables.
