La Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, quedó instalada de manera permanente ante la situación de emergencia sanitaria que prevalece en el país, la intención es vigilar que estas garantías se respeten a la población, denunciar y llamar a cuentas a servidores públicos que incumplan con estas normas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Magaly López, destacó que
las políticas públicas de salud, deben contemplar las políticas de no discriminación, participación, empoderamiento, y rendición de cuentas, “desde aquí les decimos a las autoridades del gobierno del Estado, la discriminación también es un virus letal, que debe ser combatido”.
En esta coyuntura, la legisladora dejó claro que la sociedad civil y el gobierno deben actuar con responsabilidad y tener muy claro que el acceso a los servicios de salud, es un derecho humano que incluye a todos los grupos, mujeres, personas mayores, pueblos originarios, desplazados, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades crónicas, con VIH, migrantes y personas integrantes de la comunidad LGBTIQ.
Reiteró que la comisión Permanente de Derechos Humanos estará pendiente del actuar de la coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, y del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a fin de conocer su participación a fin de lograr que se respeten dichas garantías durante esta emergencia nacional.
Exhortó a la ciudadanía a que no dejen de señalar a las autoridades que se excedan en sus funciones o las incumplan, no podemos permitir que esta contingencia sea pretexto para el abuso de autoridad.
“La comisión Permanente de Derechos Humanos estará pendiente del actuar de la coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, y del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a fin de conocer su participación a fin de lograr que se respeten dichas garantías durante esta emergencia nacional”.
Recordó que la primera medida es la suspensión de actividades no esenciales desde el 30 de marzo al 30 de abril, en los sectores públicos, privados y social, con la finalidad de evitar la transmisión del virus COVID-19.
“Será importante señalar que las autoridades estatales y municipales garanticen que las actividades esenciales continúen al servicio se la sociedad, ello tiene vital importancia porque ya hay autoridades municipales que ya se han visto tentadas al autoritarismo y comienzan a hablar de medidas a la constitución y a los principios y normas de los Derechos Humanos reconocidos universalmente”.
Integran la comisión de Derechos Humanos, las diputadas Elisa Zepeda Lagunas, Maritza Escarlett Guerra e Hilda Graciela Pérez Luis.
