El Economista
Después de un periodo de relativa estabilidad, el precio del petróleo, a nivel global, ha disminuido drásticamente. La mezcla mexicana de exportación apenas supera los 15 dólares por barril y sigue retrocediendo, cifra muy inferior a los 49 dólares originalmente previstos en el PEF 2020. Hay que resaltar que, si bien el precio del oro negro ha disminuido de forma generalizada, el valor de la mezcla estadounidense West Texas Intermediate se ha recuperado.
Los analistas atribuyen la recuperación de dicho precio a la publicación del banco central estadounidense relativa a destinar cientos de miles de millones de dólares a préstamos a gobiernos locales, corporaciones y empresas pequeñas para fortalecer la economía norteamericana. Esta medida de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en respuesta a la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19), persigue apuntalar a las entidades que deberán soportar el fuerte embate económico que se espera por la disminución significativa de los ingresos.
El inicio del reciente desplome del precio del crudo, una de las caídas más grandes y pronunciadas desde la guerra del Golfo Pérsico, en 1991, se atribuye a la ruptura de la alianza que durante muchos años permitió a la OPEP, de manera organizada, disminuir la producción, situación que permitía incrementar los precios del petróleo. En efecto, el ministro de energía de Rusia señaló que, a partir del primero de abril, cada exportador de crudo estaría en libertad de producir lo que considere adecuado. Lo que es indudable es que ambos países buscan ganar posiciones en los mercados, ante un inminente decremento aún mayor en el precio, debido a la disminución de la demanda de este insumo, en gran parte, como resultado de la pandemia.
En materia de administración fiscal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó, el 16 de marzo de 2020, un documento que resume cuál podría ser la respuesta de la administración fiscal para apoyar a los negocios y los individuos a enfrentar las dificultades que existen o se avecinan en flujos de efectivo ante la pandemia.
Las sugerencias son: ampliación de las fechas límite de cumplimiento para presentar declaraciones y pago de los impuestos, diferimiento de pagos, suspensión de multas o intereses por pagos tardíos, acceso a planes de pago diferidos, suspensión de procesos de recuperación de cartera, congelamiento de cuentas o embargos o sin intereses. También las devoluciones de IVA expeditas; proveer de certidumbre en ciertas operaciones; diferimiento de procesos de auditoria durante la crisis, en los casos donde no se presente fraude; ampliar los servicios o las vías de comunicación; atención a los contribuyentes y mejorar acceso a los contribuyentes vulnerables.
En lo que se refiere al sector energético nacional, si bien es cierto que su apertura, en 2013, fue exhaustiva, al comprender toda la cadena de valor (upstream, midstream, downstream), así como la generación, transmisión y distribución de electricidad, es necesario que se dé un impulso para su éxito. Existen diversos mecanismos permitidos bajo la legislación actual que darían un impulso decisivo a las metas energéticas, en particular, la de Pemex relacionada con el aumento de casi un millón de barriles diarios en su producción, contra la caída que ha venido sufriendo en los últimos años. Sin embargo, dichos mecanismos, como alianzas con terceros, migración de contratos que permita una transformación del tratamiento y régimen fiscal aplicable a los campos petroleros, e inclusive las licitaciones en materia eléctrica, se encuentran actualmente detenidas.
Para muchos, la estrepitosa caída de los precios del petróleo por la que estamos atravesando implicaría una especie de inicio anticipado del reinado de las energías renovables, con vistas a la transformación energética, un tema que ya tocaba las puertas de las petroleras, las grandes industrias consumidoras de electricidad y de los gobiernos más comprometidos con el Acuerdo de París para combatir el cambio climático.
No obstante, la ausencia de incentivos para la implementación de proyectos de este tipo, la falta de autonomía y el costoso acceso al gas natural, así como la inversión en actividades de bajo rendimiento, pueden provocar provocan un retraso en el sector mexicano, que ya venía posicionándose como gran impulsor de la generación de energías renovables.
Específicamente, en materia fiscal de hidrocarburos, es necesario atender a la inversión privada. Las empresas esperan con ansia el plan de infraestructura para el sector energético, que la actual administración tiene pendiente de publicar, el cual, dependiendo de los proyectos que incluya, podría llegar a representar una gran oportunidad para generar el impulso necesario para detonar el desarrollo económico y social del país.
El sector privado ha propuesto cerca de 140 proyectos, que incluyen inversiones en el sector petroquímico; desarrollo en algunos de los campos más complejos asignados a Pemex, particularmente los ubicados en aguas profundas; construcción de infraestructura logística para productos petrolíferos, en específico gasolinas y diésel UBA, particularmente en materia de infraestructura portuaria y capacidad de almacenamiento a lo ancho del territorio nacional, dada la recientemente modificada política de almacenamiento mínimo.
Así, la publicación y efectiva implementación de este plan podría representar una bocanada de aire fresco a una industria que hoy vive uno de sus momentos más complejos.
Valeria Vázquez y Miguel Llovera son socios de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte México.
