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La incertidumbre económica por la que atraviesa México, debido a la pandemia de coronavirus, no debe afectar las acciones que atienden la violencia contra las mujeres, sin embargo hasta el momento no se tiene conocimiento sobre el recurso y su disponibilidad para los programas en la materia, coinciden organizaciones civiles.
El pasado 22 de mayo un grupo de instituciones de la sociedad civil se reunieron con la Secretaría de Gobernación para abordar los programas presupuestarios que atienden la violencia contra las mujeres, incluidos en el punto 38 del inciso V del decreto presidencial emitido el 23 de abril.
Tras dicha reunión, Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y las Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs) indicaron que continúa la interrogante sobre la localización del presupuesto para tales proyectos, por lo que pidieron una respuesta clara oportuna, así como certeza a las autoridades para el financiamiento.
De acuerdo la presidenta de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi, se tienen conocimiento sobre un financiamiento de 440 millones de pesos para un programa referente a la igualdad sustantiva, el cual es atendido por el Instituto de las Mujeres, aunque éste no de atención directa a las mujeres en situación de violencia.
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De igual manera señaló que saben sobre un plan de transversalidad de género que va dirigido a las regiones y municipios del país, el cual cuenta con 338 millones de pesos, aunque todavía no está clara la posición del dinero que fue aprobado para atender las violencias contra las féminas.
A pesar del complicado momento que se vive por la emergencia sanitaria, se deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como la seguridad de las mujeres, por lo que preocupa la incertidumbre de los recursos con los que el Estado atiende las violencias, apuntaron las organizaciones.
“Más aún, nos preocupa que las propias instituciones públicas que tienen a su cargo la prevención y atención de las violencias contra las mujeres tampoco tengan certeza”.
En cuanto a las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril, se exentaron 38 programas prioritarios de una disminución, entre los cuales está el Anexo 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, ninguno de los programas presupuestarios para prevenir y atender las violencias contra las mujeres está incluido, detallaron.
Además, es preocupante la cancelación de los recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, dentro del cual están los recursos para las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs), indicaron.
“Nos preocupa el criterio con el que el gobierno de la República está priorizando el ejercicio de los recursos presupuestarios.
“Por ejemplo, en el decreto publicado el 23 de abril a que hemos hecho alusión, se incluye la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, mientras no existe claridad sobre los recursos para atender la violencia contra las mujeres, problema que ha sido reconocido como una pandemia por las Naciones Unidas”, subrayan.
En ese sentido, las agrupaciones le recordaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que de acuerdo al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres”,
“Es urgente priorizar los derechos humanos de todas las mujeres y garantizar que ninguna política de austeridad los contravenga”, setencieron.
