AMLO asegura a inversionistas del sector energético: no vamos a expropiar

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Reuters

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes estar dispuesto a dialogar con las empresas inconformes con los recientes cambios en las normas del sector eléctrico, pese a la advertencia la víspera de la Secretaría de Energía de combatir la suspensión de un juez a la aplicación de las reglas.

La noche del jueves, la autoridad del sector energético dijo que ningún derecho económico estará por encima del “interés general y de la Nación”, en respuesta a la decisión del juez de frenar los cambios anunciados por el regulador del sector eléctrico, el Cenace, y de la propia Secretaría de Energía.

El inesperado cambio de reglas de juego por empresas de la industria ha golpeado la confianza de los inversores, pero el mandatario aseguró: “no vamos a expropiar”.

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“Claro que vamos a los tribunales, y ya les mando a decir, no como amenaza ni como advertencia, sino buscando convencer, que se dialogue, que los busquen y que se les explique que ya son otros tiempos y que se busquen arreglos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

A finales de abril, el Cenace ordenó congelar el inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico nacional durante la pandemia del coronavirus.

Unas semanas después, la Secretaría de Energía emitió nuevos lineamientos de política eléctrica, a tono con el Cenace, para dar al Estado más poder para decidir quién puede generar electricidad y en qué cantidad.

“Esta Secretaría va a combatir tal resolución”, dijo la dependencia en un comunicado difundido la noche del jueves.

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“La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional”, agregó. “La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”.

Las nuevas disposiciones llevaron a Canadá y la Unión Europea a plantear formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su preocupación en sendas cartas. Además, los principales grupos empresariales argumentan que las normas golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable.