La Fiscalía General del Estado, al mando de Rubén Vasconcelos Méndez debe desarrollar una investigación seria, expedita, pronta, imparcial y efectiva, con todos los medios legales a su alcance para esclarecer los ataques de policías municipales a población civil que derivaron en la ejecución extrajudicial de Alexander Martínez Gómez y Diego Luna Paz, en los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa y San Pablo Huitzo, respectivamente, y asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia, fue el exhorto que realizó el diputado local Horacio Sosa.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, respecto al primer caso dijo que el martes 9 de junio, el joven Alexander de 16 años fue asesinado a balazos a manos de elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, municipio ubicado en la región de la Cuenca del Papaloapan, donde el ayuntamiento se adelantó a las investigaciones ministeriales, al exponer en su cuenta oficial en redes sociales supuestas motivaciones para el actuar de su propio cuerpo policiaco y con ello defenderlo. Ello queda de manifiesto igualmente en su etiqueta “La historia de la corporación habla por sí sola”.
Horacio Sosa señaló que el segundo aspecto que transgrede la Constitución en la misma publicación es la violación al Estado laico, con la segunda etiqueta, “Dios y patria”. No solamente es un elemento totalmente injustificado en el contexto del contenido que se expone, sino que además se trata de un mensaje religioso pronunciado por una autoridad municipal, a través de un canal institucional para su comunicación pública.
En el caso de San Pablo Huitzo, se trata del asesinato de un joven de 20 años, identificado como Diego Luna Paz, cuyo cuerpo fue hallado el 7 de mayo de 2020, en inmediaciones de ese municipio. En los mismos hechos en los que el joven fue asesinado, su hermano Juan Jaciel fue gravemente lesionado. Tanto a través de redes sociales como en diversos medios, el abuelo de ambos jóvenes responsabilizó a la policía municipal de ser la causante del homicidio de su nieto y de torturar al otro.
El diputado local dejó claro que el asesinato de los jóvenes, la privación arbitraria de la libertad, la situación de las personas heridas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no deben permanecer en la impunidad. Por ello, “proponemos instar a las autoridades a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, con todos los medios legales a su alcance para esclarecer los hechos y asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”, puntualizó.
