Moisés MOLINA
Esta semana llamó la atención la presencia de Alejandro Murat en el Senado de la República.
En medio de las tensiones entre la federación y los gobernadores de algunos estados decidió tomar el liderazgo nacional en una causa que nos une a todos: el combate a la impunidad.
El gobernador Murat le entregó a Ricardo Monreal y a los Senadores, con el consenso de varios gobernadores de todos los partidos, una propuesta de 21 puntos que ha abierto el debate para reformar el Código Nacional de procedimientos Penales que, desde la óptica de quienes se encuentran en la línea de fuego del combate a la delincuencia, protege menos a las víctimas que a los criminales.
Y es que la inseguridad y los altos índices delictivos son problema común de todas las entidades.
Estos 21 puntos resumen una necesidad urgente: el fortalecimiento de las fiscalías.
El Estado Mexicano debe pasar de la pasividad y de la inacción a la ofensiva para recuperar las calles para nuestras familias.
Los derechos humanos deben contar siempre para todas y todos , pero nunca contra las víctimas, nunca contra nuestras familias.
Nuestras fiscalías deben contar, desde la ley, con todas las condiciones para que el respeto a los derechos humanos deje de entrar en conflicto con el reclamo unánime de que a los criminales se les castigue.
Es una oportunidad para cancelar de una buen vez, y para siempre, la puerta giratoria que hace que los criminales sonrían para la cámara cada vez que entran a un reclusorio, porque tienen la seguridad de que van a salir pronto.
Son 21 puntos que serán discutidos amplia y exhaustivamente, como debe ser en democracia, no solo por los legisladores, las fiscalías, los poderes judiciales y los gobiernos; sino por académicos, medios de comunicación y organismos defensores de los derechos humanos.
Por lo pronto, al momento de la redacción de estas líneas, el Senado de la República había aprobado la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las adecuaciones a diversas leyes de carácter nacional para incorporar las hipótesis delictivas a que se refería el transitorio segundo de la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva de abril de 2019.
Era uno de los 21 puntos de la propuesta muratista. Parece que el gobernador echó a andar la maquinaria. La reforma fue aprobada en sesión extraordinara.
En adelante la prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella que la ley y el juzgador impone en automático, será procedente en Oaxaca y en todo el país, por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
Es un primer paso que se dió, otra vez, desde Oaxaca y desde el sur.
@MoisesMolina
