La Jornada
Cuando el personal de un centro de detención de la frontera con México los subió a un autobús el mes pasado, un niño hondureño de 12 años y su hermanita de nueve pensaron que los llevarían a un albergue para luego entregarlos a su madre.
Se les había dicho que firmasen un papel que pensaron le informaba al albergue que no tenían el coronavirus, según dijo el muchacho. El documento estaba en inglés, un idioma que los hermanos no hablan. Lo único que reconocieron fue la palabra “Covid”.
El autobús, sin embargo, los transportó durante cinco horas a un aeropuerto, donde los subieron a un avión.
“Nos mintieron”, dijo el niño. “No nos dijeron que nos enviarían de vuelta a Honduras”.
Más de 2 mil menores no acompañados han sido expulsados desde marzo, haciendo uso de una declaración de emergencia que hizo el gobierno de Donald Trump, la cual usa el coronavirus para justificar la negativa a ofrecer protección a estos menores en el marco de leyes de asilo y sobre tráfico de personas. Abogados y activistas critican duramente al gobierno por usar la pandemia como excusa para deportar menores y enviarlos a sitios peligrosos.
Ningún agente de Estados Unidos vio el video que tenía el niño en su teléfono, que mostraba a un individuo encapuchado que sostenía un rifle, lo llamaba por su nombre y los amenazaba a él y a su hermana, semanas después de que el tío con el que vivían fuese asesinado a tiros en junio. Y si bien fueron expulsados esgrimiendo la declaración de emergencia por el virus, no se les hizo la prueba del Covid-19, de acuerdo con el muchacho.
Tres semanas después del asesinato de su tío, los hermanos se fueron de Honduras y cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos. En tiempos normales, las autoridades estadunidenses los alojarían en centros para menores y luego los entregarían a su madre, que vive en el centro del país. En cambio, fueron expulsados el 24 de julio, después de pasar tres días en un centro de detención, y ahora viven en Honduras con otro tío que trata de irse del país.
El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó numerosos pedidos de comentarios sobre la historia del muchacho y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) también declinó hablar del tema, diciendo que los menores habían estado bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza hasta que fueron deportados en un vuelo operado por el ICE.
Voceros de ambas agencias se niegan a responder la mayoría de las preguntas sobre el trato que dan a los aproximadamente 70 mil adultos y menores que han expulsado al amparo de la declaración de emergencia de marzo. No explican cómo deciden si expulsar a un menor o no ni dónde los retienen antes de deportarlos, incluidos hoteles donde alojaron a hasta 150 menores no acompañados, entre ellos alguno de un año.
Buena parte de lo que se sabe de estas expulsiones surge de los relatos de niños como el muchacho de 12 años, quien le contó su experiencia a la Associated Press la semana pasada, aportando detalles dignos de alguien mayor.
La AP no identifica al menor, a su hermana ni a su madre, y tampoco revela dónde vive la madre en Estados Unidos, ante la posibilidad de que los niños sigan en la mira de la gente que mató a su tío.
