Forbes
Expertos en materia de salud y políticas públicas señalaron este lunes que la prohibición de la venta de comida ‘chatarra’ y bebidas azucaradas en Oaxaca no afectará a la economía como señala la industria de alimentos y bebidas; más bien beneficiará a las economías locales y promoverá una alimentación más saludable, ya que durante las últimas tres décadas su productos han sido desplazados por las empresas multinacionales.
“¿Va a afectar a la economía? Yo creo que más bien van a fortalecer las economías locales, es un elemento más que se gana además de promover la salud y de cómo se regresa a la productividad del campo y una nueva forma de alimentación”, dijo Yésica Sánchez Maya, abogada feminista y defensora de derechos humanos en Oaxaca en una conferencia virtual organizada por la organización civil El Poder del Consumidor.
En su participación durante la conferencia virtual Oaxaca, el estado que detonó la revolución en contra del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas en la infancia, la abogada señaló que las empresas han estado ganando dinero que no ve redituado en escuelas o espacios públicos.
La prohibición de la venta de productos en Oaxaca restará alrededor de 100 millones de pesos diarios en comercios de la entidad, según Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
La abogada estuvo de acuerdo con Tomas López Sarabia, socio fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), en que esta iniciativa pone a debate los problemas estructurales que existen en el país en el tema de alimentación a la población de esa entidad y a todo el país en general.
“Me parece que hay un racismo histórico y un desplazamiento de nuestra forma de alimentación en nuestras comunidades para dar a una alimentación que desafortunadamente esta trayendo consigo un escenario catastrófico en temas de salud pública porque la gente se está enfermando”, dijo López Sarabia en su participación.
Además, señaló que no consideran a los niños ni a las comunidades indígenas, en donde Oaxaca alberga el 70% de estos grupos para la aplicación de políticas públicas.
“Por eso insistimos que toda política pública y todo diseño tendría que estar encaminada a partir desde este escenario. De los 570 municipios que tenemos, 417 tienen sus propias normas para regir a las autoridades, pero no solo esas normas, sino muchas de ellas tienen una composición económica, cultural jurdíca, gastronómica que de alguna manera que nos particularizan”, dijo el experto en comunidades indígenas.
Este escenario les ha dejado como experiencia que la mayoría de las afectaciones en la población por la pandemia del Covid-19 están relacionados con cuadros degenerativos que viven en las comunidades de obesidad y sobrepeso.
En Oaxaca, se ha observado como el índice de obesidad se ha incrementando del primer al sexto grado de primaria lo que confirma que es el ambiente escolar en donde se generan los problemas graves de sobre peso y obesidad, señaló Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
“La población indígena y pobre rural, la de Oaxaca, es la que presenta mayores problemas de obesidad. Ha sido la más vulnerable, donde se ha direccionando. El daño metabólico se establece desde los seis años, la obesidad ya es un daño que está generando trastornos en nivel escolar, en la epidemia del Covid-19 la mayor mortalidad esta asociada al padecimiento de sobrepeso y obesidad”, apuntó Ávila durante su participación.
El Congreso de Oaxaca aprobó el 5 de agosto la prohibición de la venta de bebidas y alimentos chatarra de niños y niñas, así como d adolescentes.
“Ahora con los litigios que (las empresas) han establecido en contra de los etiquetados seguramente los litigios que tendremos en la ley de Oaxaca o los que se aprueban a lo largo del país, nos vuelven a mostrar que su prioridad y su interés es mezquino y están colocando su interés económico por encima del intereses superiores a los de la niñez. Será importante incluir a los niños en este debate y habría que integrar a la Secretaría de Educación Público para garantizar el derecho de información”, señaló López Sarabía.
“A largo plazo hay que hacer una evaluación de la estrategia que tiene el gobierno de Oaxaca en la política pública y analizar que va a construir a partir de esta reforma. Sí viene un desafío fuerte de cómo el Gobierno Federal asume el presupuesto, de cómo va a generar estas campañas de información y sensibilidad, y de cómo etiquetan recursos los gobiernos. Viene este seguimiento de sociedad civil y el proceso de monitoreo de evaluación, ahí nos quedamos con un desafío de no soltar esto que ya se puso y que va a ser efectivo una serie de derechos”, puntualizó Sánchez Mata.
