Proceso
El grupo disidente que por mandato judicial ostenta la gestión de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. presentó una denuncia de hechos en contra de la “estructura delictiva encabezada por Guillermo Álvarez Cuevas”, el director general de la cementera a quien se le busca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta vez las investigaciones, por presunta administración fraudulenta, alcanzan también a Federico Sarabia Pozo, electo presidente del Consejo de Administración de la cooperativa durante la impugnada asamblea efectuada afuera del corporativo de la Cruz Azul, en Periférico Sur, el pasado 26 de agosto.
De igual manera, la querella promovida el lunes 21 por el apoderado legal de la cooperativa, Jonathan Julián Molina, involucra a los miembros que complementan el referido Consejo de Administración: Pablo Reséndiz García, Mario Cruz Valverde, Benito Rodríguez Fayad y Raúl Antonio Enríquez López, señalados por la disidencia mayor de pertenecer “a la misma organización criminal” por la cual fue librada la orden de aprehensión contra “Billy” Álvarez, el pasado 29 de julio por un juez federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad número 1, también conocido como “El Altiplano” o “Almoloya”.
El juez consideró que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas encabeza una organización delictiva dedicada al lavado de dinero de la cooperativa por medio de la utilización de empresas conocida como fachada.
Por administración fraudulenta, “Billy” Álvarez habría causado un quebranto a la cooperativa por 2 mil 257 millones 411 mil pesos. De igual manera, el juez federal libró orden de aprehensión contra el cuñado de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Garcés Rojo –exdirector jurídico-; Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico, y el abogado externo Ángel Junquera, como copartícipes de la organización delictiva.
La denuncia de la actual dirigencia de la cooperativa en contra de los integrantes del Consejo de Administración presidido por Sarabia Pozo considera que dichas personas continúan operando, “ostentándose ilegalmente como miembros” de dicho consejo, “emitiendo comunicados apócrifos con los que pretenden engañar tanto a socios cooperativistas como a proveedores y distribuidores de la cooperativa.
“Todo ello con objeto de vender el cemento propiedad de la cooperativa y disponer ilegalmente de esos recursos”.
La impugnada asamblea tuvo lugar el pasado 26 de agosto, no obstante que el Juez 60 de la Civil ordenó su cancelación (expediente 392/2020) y pidió a los fedatarios públicos Notario Público 47 de la Ciudad de México se abstenga de protocolizar o formalizar e inscribir la asamblea en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México.
