Animal Político
Un mes antes de que concluyera el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) le perdonó al extesorero de Veracruz, Tarek Abdalá Saad, ser el principal responsable del desvío de 55 mil millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte. Ello en retribución por sus declaraciones contra del exgobernador y otros funcionarios.
Pero contrario a lo que marca la ley, dicho perdón le fue concedido a Tarek sin pedirle la devolución de un solo peso de lo robado. Ahora, a dos años de distancia, el dinero desviado no aparece y el perdonado… tampoco. Tiene una orden de aprehensión en su contra y es considerado legalmente prófugo.
El perdón que recibió el extesorero de Veracruz es el denominado “criterio de oportunidad”. El mismo que ahora buscan Emilio Lozoya Austin en el caso Odebrecht o Emilio Zebadúa en “La Estafa Maestra”, y que permite eludir un proceso penal a cambio de delatar a otros funcionarios de mayor rango.
Tarek Abdalá fue favorecido en octubre de 2018 con dicho criterio luego de que declarara en contra del exgobernador Duarte y de al menos tres exsecretarios de Finanzas del Estado. A cambio la PGR decidió no procesarlo en 43 casos abiertos en su contra por peculado.
Sin embargo y de forma contraria a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, la PGR decidió darle ese perdón legal a Tarek sin pedirle ninguna reparación del daño. Es decir, sin que regresara un peso de los 55 mil millones desviados según las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había promovido en su contra.
Datos y documentos oficiales a los que Animal Político tuvo acceso confirman lo anterior. La información forma parte de una investigación que la actual Fiscalía General de la República (FGR) tiene en curso para revisar las condiciones en que se concedió el referido criterio de oportunidad.
De acuerdo con autoridades federales, lo que se indaga es la forma en cómo se valoró y concedió el referido beneficio a Tarek Abdalá de parte de la entonces PGR, sin la oposición de la actual administración de la ASF.
Aun cuando las declaraciones de Tarek han resultado útiles para procesar a otros funcionarios del Veracruz, el monto del dinero desviado gracias a su complicidad sigue sin ser recobrado. No solo eso. Tarek ha litigado en contra de las sanciones y multas administrativas que se promovieron en su contra para tratar de recuperar al menos una parte del dinero.
Hoy su paradero es desconocido debido a que existe una orden de aprehensión en su contra que la Fiscalía Estatal de Veracruz obtuvo de un juez tras considerarlo probable responsable de varios delitos de corrupción. Su huida podría poner en riesgo los procesos iniciados con sus declaraciones, pues es necesario que comparezca en dichos juicios si es citado.
Tarek Abdalá también está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. En julio pasado UNIVISIÓN reveló que sus cuentas habían sido congeladas como parte de una indagatoria a gran escala relacionada con posibles operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. En respuesta a ese medio el abogado de Abdalá acusó que era una “venganza” por no aceptar una supuesta extorsión de la FGR y rechazó que su cliente estuviera vinculado con el narcotráfico.
La operación perdón: cambiando el delito
El criterio de oportunidad que le permitió a Tarek Abdalá eludir la cárcel sin reparar daño alguno fue autorizado en 2018 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), encabezada en aquel momento por el subprocurador Felipe de Jesús Muñoz.
La ejecución del mismo estuvo a cargo del entonces Director General de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la SEIDF, Luis Rodrigo Arellano Sandoval.
La decisión fue tomada el 31 de octubre de 2018 a través del oficio número PGR/SEIDF/UEIDCSPCAJ/944/2018 dirigido por Arellano Sandoval al agente del Ministerio Público, Edgar Quintín, quien en ese momento era responsable de la investigación por los desvíos en Veracruz denunciados por la ASF.
En dicho documento se detalla que Tarek Abdalá, extesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, figuraba como probable responsable del delito de peculado en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas. Ello derivado de las denuncias promovidas por la ASF por un posible quebranto al erario superior a los 55 mil millones de pesos en Veracruz.
Sin embargo, Arellano Sandoval señala que el extesorero se ha ofrecido a colaborar en el esclarecimiento del caso y, para ello, ha rendido declaraciones donde detalla la forma en cómo se desviaron sistemáticamente los recursos por las supuestas órdenes del exgobernador Javier Duarte y de su esposa Karime Macías.
Por ese motivo, Arellano sostuvo que se había propuesto conceder a Tarek Abdalá el criterio de oportunidad. Es decir, no proceder en su contra y congelar los cargos que se le imputan.
Y para justificar el hecho de que no se le pidiera devolver dinero ni reparar el daño, pese a ser un requisito obligatorio para conceder un criterio de acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Arellano definió que el delito que se le imputaría a Tarek Abdalá solo era el de uso ilícito de atribuciones, pero no el de peculado. Ello pese a que las carpetas de investigación en las cuales estaba relacionado sí se presumía dicho delito.
Y como el uso ilícito de atribuciones es un delito cuya consecuencia es “formal” pero no material, es decir que no da pie a dinero desviado o robado, entonces no resultaba procedente pedirle que reparara algún daño material.
Dicha determinación, según autoridades de la actual FGR consultadas por este medio, resulta cuestionable no solo por el hecho de no haber considerado a Tarek probable responsable de peculado, sino porque aun cuando solo se le imputara un delito de naturaleza “formal” esto no cerraba la puerta para pedirle la reparación del daño.
Una prueba de lo anterior es el caso reciente de la extitular de Sedesol Rosario Robles, quien se encuentra procesada por dos cargos de uso ilegal de atribuciones. En su escrito de acusación presentado al juez, la FGR sostuvo que aun cuando el delito imputado a Robles es “formal”, resultaba procedente solicitar el pago de cinco mil millones de pesos de reparación de daño dadas las graves repercusiones sociales que tuvo su presunta negligencia.
La concesión del criterio de oportunidad a Tarek Abdalá en las referidas condiciones fue comunicado el 4 de diciembre de 2018 a la ASF, debido a su calidad de víctima y de denunciante en las investigaciones abiertas por los millonarios desvíos en Veracruz. La FGR lo hizo a través de un oficio dirigido a Silvia Serra Reyes, subdirectora jurídica de la Auditoría.
De acuerdo con la ley la ASF podría haber impugnado ante un juez dicho criterio debido a su calidad de víctima en el caso. Pero no lo hizo.
Fue así como en las últimas semanas del sexenio pasado Tarek Abdalá consiguió eludir los tribunales y la cárcel, pese a ser el principal ejecutor del mayor fraude al erario que haya sido denunciado en el presente siglo.
Un perdón costoso, por ahora
Las declaraciones y confesiones que Tarek Abdalá rindió en diversas comparecencias ante el Ministerio Público Federal le permitieron a la PGR y a la actual FGR promover diversos procesos penales en contra del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, y de al menos seis altos exfuncionarios de su gabinete.
No obstante, nada de ello se ha traducido – al menos todavía – en la recuperación del dinero robado, o al menos en el esclarecimiento de qué pasó con el mismo.
Lo que Tarek reveló en sus declaraciones ministeriales rendidas en 2018 es que en el gobierno de Javier Duarte hubo un “abuso sistemático” de los recursos federales que se transferían al estado los cuales, a pesar de estar etiquetados para un concepto, eran enviados a cuentas concentradoras desde donde luego se mandaban a pagos de deudas o fines personales.
Pero según el extesorero él no se beneficiaba de esos desvíos, sino que era solo un “subordinado” que seguía las órdenes del subsecretario y secretario de Finanzas, y del gobernador. Su función, añade, era la de ser un “token humano” el cual solo autorizaba las transferencias de dinero que le indicaban.
Las instrucciones de cuándo y cómo transferir los recursos, añadió Tarek, las recibía a través de un celular Blackberry y había palabras en clave para detallar las cantidades. Por ejemplo, “pizza” significaba enviar un millón de pesos, o “indigente” significaba cien mil pesos.
Estas declaraciones de Tarek han sido utilizadas por la PGR y también por la actual FGR como datos de prueba en varios procesos. El más llamativo de todo fue el del propio Javier Duarte, aunque dicho caso ya no llegó a juicio debido a que el exgobernador terminó declarándose culpable.
Además, el criterio también se ha usado como prueba en seis casos por peculado que la FGR ha presentado en contra de altos exfuncionarios del gobierno de Duarte, entre ellos los exsecretarios de Finanzas Tomas Ruíz y Fernando Charleston, o el exsecretario de finanzas Gabriel Deantes. Todos ellos fueron vinculados a proceso.
No obstante, el éxito de dichos casos está en riesgo – según los funcionarios federales – si es que alguna de las partes cita a comparecer a Tarek Abdalá y este no se presenta. Lo anterior podría ocurrir dado que el extesorero está actualmente en calidad de prófugo de la justicia, luego de que un juez de Veracruz ordenara su captura.
A ello se suma el hecho de que, hasta ahora, la recuperación de dinero gracias al criterio concedido a Tarek en los hechos ha sido inexistente. Los datos oficiales de la ASF arrojan que hasta la fecha existen cerca de 60 mil millones de pesos solo de recursos federales desviados en la administración de Duarte en Veracruz, y que a casi cuatro años de concluida dicha administración aún no aparece.
Por la vía administrativa, la ASF ha promovido 64 procedimientos en contra de Tarek Abdalá para intentar recuperar 19 mil millones de pesos. Cuando alguno de ellos ha sido resuelto el extesorero los ha impugnado. Actualmente hay ocho que ya perdió en definitiva por 208 millones de pesos, pero el dinero no ha podido ser cobrado.
