La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a las instancias sanitarias estatales y federales, atender de manera inmediata a la población de Santiago Choápam y garantizar la operatividad de la unidad médica en la zona, ante la denuncia pública efectuada por el presidente municipal de la localidad, Evergisto Gamboa Díaz, respecto a un brote de Covid-19 en la población.
Además, frente al notable relajamiento por parte de la población de las medidas sanitarias, la saturación de hospitales y la carencia de insumos médicos, el organismo autónomo urgió una amplia respuesta que involucre a la sociedad y las autoridades, ya que casos como el registrado en la zona del Bajo Mixe pueden replicarse en otras poblaciones.
El organismo autónomo inició el expediente DDHPO/CA/0033/(04)/OAX/2021, mediante el cual solicitó informes a las autoridades municipales de Santiago Choápam y de Salud sobre este hecho, en el que se difundió el contagio de un gran número de personas en esta comunidad.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha señalado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas ante la falta de infraestructura médica y carencia de personal, lo que ha provocado que se instalen filtros sanitarios a la entrada de sus poblaciones, como una medida para evitar la transmisión de Covid-19.
No obstante, algunas poblaciones comenzaron a relajar las medidas adoptadas a inicios de la pandemia, lo que ha implicado la realización de fiestas patronales, bailes, entre otras convivencias masivas que han facilitado el contagio entre sus pobladores.
Ante ello, la DDHPO llamó a los diferentes niveles de gobierno a generar información accesible, transparente y culturalmente adecuada, en la que se divulgue que la contingencia continúa, por lo que se deben seguir las medidas preventivas, de atención y contención de la pandemia, esto en español y también en lenguas originarias.
El organismo ha reiterado que las estrategias que desarrollen por las autoridades estatales y municipales tengan sustento legal, sean objetivamente necesarias según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos, respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen, además de evitar ser espontáneas, arbitrarias y/o discriminatorias.
Así también, la Defensoría informó que en lo que va de la contingencia sanitaria –de marzo de 2020 a la primera quincena de enero de 2021—el organismo autónomo inició 250 expedientes relacionados con la pandemia de Covid-19, de los cuales, el 52 por ciento están relacionados con actos en los que están involucradas las autoridades municipales.
Y tiene documentados el cierre, instalación de filtros sanitarios, entre otras medidas preventivas en 53 localidades de la entidad, sin embargo, llegó a registrar más de 150 poblaciones con estas acciones de autocuidado a mediados de julio.
