Uriel Pérez García
La multicitada crisis que enfrentan los partidos políticos, al margen de cualquier estudio minucioso que pudiera realizarse desde la óptica académica, en términos prácticos, podemos visualizar que tiene un punto fundamental en las acciones concretas que realizan estas instituciones y que parte por la manera de despreciar el quehacer político.
En el ámbito Constitucional, el artículo 41, señala que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática de nuestro país, por lo que desde esta óptica se fundamenta su acceso al financiamiento público para el cumplimiento de sus actividades.
No obstante, en los hechos es evidente que se manifiesta un contexto en el que estos organismos se alejan de este interés público y atienden a la defensa de cotos de poder que durante décadas han mantenido y que se resisten a perder, así sea a costa de los múltiples señalamientos de la ciudadanía, que deriva en una constante decepción y a la cada vez más fuerte renuencia a participar en procesos políticos como la vía para la solución de sus problemas.
En este sentido, la denostación y el rechazo frecuente a todo lo que tenga que ver con política, repercute en este estancamiento en que se encuentra la democracia, que no se percibe como un auténtico sistema que posibilite el desarrollo social y económico, de tal forma que de acuerdo al Índice de Desarrollo Democrático elaborado por Fundación Konrad Adenauer en México, en colaboración con el INE, México tiene en 2020 un retroceso en el índice de desarrollo y comportamiento democrático.
Desde esta perspectiva, en mi opinión, podemos observar que en los procesos electorales, son evidentes los puntos de partida que contribuyen al detrimento de los partidos políticos y de la política en su conjunto, siendo que en periodo electoral es cuando se debieran cimentar los pilares para el desarrollo democrático a través de la participación activa de la ciudadanía en los comicios.
De este modo tenemos que dentro de los márgenes legales se recurre a prácticas antidemocráticas como los aberrantes actos anticipados de precampaña y campaña que esquivan las sanciones al no realizar el llamado expreso al voto pero que es más que obvio el objetivo de posicionamiento anticipado de la imagen a través de espectaculares, entrevistas, redes sociales y actos “altruistas” que aparentan un fin distinto a la postulación política pero que se refleja claramente en tiempos de elecciones.
La reelección sin la necesidad de separación del cargo, aun con todo y los criterios establecidos respecto a su constitucionalidad, debiera pasar por la responsabilidad moral de separarse de manera temporal del cargo para evitar las especulaciones pero sobre todo para dignificar el sentido de la política mostrando el absoluto compromiso de trabajo sin el respaldo institucional que le puede conferir un cargo más allá del probable uso de recursos públicos.
Por demás emblemático ha sido por otra parte la postulación de Salgado Macedonio a la candidatura del gobierno de Guerrero aun cuando enfrenta severos señalamientos en los que si bien se puede argüir que no le privan de sus derechos político electorales, nuevamente se debería anteponer la renuncia a la candidatura como un acto de moralidad y ética, por encima de la ambición política que todavía peor, es respaldada por el partido político que lo cobija, alimentando esta crisis de legitimidad de la política.
Así podríamos seguir enumerando otros casos como las llamadas candidaturas chapulines o esta personificación de la política que raya en lo meramente teatral con la postulación de actrices, cantantes, luchadores, comediantes, etc., o estas trampas en las que también han incurrido las mismas candidaturas independientes como el caso de las firmas de “El Bronco” en 2018, y de García López en Oaxaca en 2016, por mencionar algunos casos.
El déficit institucional y esta crisis política debe quedar claro que no responde precisamente a una responsabilidad del diseño de las instituciones y del sistema electoral, por el contrario, este diseño se ha ido robusteciendo en los últimos años.
No obstante el problema estriba en que en la práctica, quienes actúan en este terreno institucional y político, no respetan las normas y valores democráticos, y más allá no anteponen el sentido moral y ético, si no por el contrario, se inclinan a envilecer el quehacer público cuando lo urgente es dignificar la política.
