La Jornada
Los activistas oaxaqueños César Mateos y Flavio Sosa presentaron una denuncia penal ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en San Bartolo Coyotepec, contra el ex presidente Felipe Calderón por los delitos de financiamiento al terrorismo y traición a la patria.
De acuerdo con el documento, el gobierno de Calderón financió el terrorismo ejercido por el Cártel de Sinaloa contra la población, brindándoles protección, “lo que generaba permisibilidad de asesinar, torturar y desaparecer a aquellas personas y grupos que trataran de invadir el territorio del o las células que eran protegidas por el gobierno, lo que evidentemente representó un peligro para la Seguridad Nacional, pues dicho gobierno nunca tuvo la intención de investigar los hechos”.
La querella destaca que “durante el sexenio de Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública fue Genaro García Luna, quien fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, acusado, según el Departamento de Justicia, de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico”.
Mientras que la denuncia penal presentada por Mateos y Sosa en materia de traición a la Patria corresponde a un deliberado favoritismo del gobierno calderonista “a empresas extranjeras por encima de los intereses nacionales, incluso antes de asumir la Presidencia de la República, actuando en contra de la independencia y la soberanía energéticas de México, a favor de la empresa española Iberdrola, sometiendo al país a las decisiones que en ese rubro convinieran a la corporación”.
Además, durante su ejercicio como Secretario de Energía benefició indebidamente a empresas privadas a costa del erario público, lo que fue determinado igualmente por la Auditoría Superior de la Federación, según consta en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2003.
La denuncia, presentada este lunes en el contexto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, es un llamado a cumplir con el derecho de las y los mexicanos de acceder a la justicia.
