La Jornada
Para enfrentar la crisis forense y de desaparecidos en el país (86 mil 734 al corte de ayer) las autoridades están desenterrando cadáveres no sólo en fosas clandestinas, sino también en cementerios oficiales.
Esto debido a que funcionarios de Gobernación han advertido en reportes anteriores de irregularidades y fallas en servicios forenses, así como en los registros de los cementerios, donde podrían haber sido inhumados cuerpos sin el registro o la identidad detallada o correspondiente.
Así, en lo que va del sexenio han sido recuperados 2 mil 736 cuerpos, de los cuales algo más de 60 por ciento sigue sin ser identificado. De los que ya se aclaró la identidad, 22.5 fueron entregados a sus familias.
Información del gobierno federal muestra los 10 municipios concentradores de prácticamente 40 por ciento de mil 606 fosas clandestinas detectadas de 2018 a la fecha; el recuento es encabezado por Tecomán, Colima, con 108 fosas.
Por otro lado, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, está con 277 cuerpos exhumados en ese periodo.
En ambos casos, tanto de fosas como de exhumaciones, el mayor número de casos se registra en ayuntamientos de Colima, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Veracruz y Sonora.
Para alcanzar los objetivos predomina el trabajo de los familiares de las víctimas, conocidos como “buscadores”.
De diciembre de 2018 a la fecha se reportan 247 operaciones en campo, en 228 municipios; el registro se inicia con Iguala, Guerrero, con 55 jornadas de ese tipo; le sigue Zihuatanejo, con 32, y Salvatierra, Guanajuato, con 26 acciones, así como otras zonas de Veracruz.
Le sigue, por número de acciones, San Pedro, Coahuila; Nuevas Casas Grandes, Chihuahua; Mazatlán, Sinaloa; Úrsulo Galván, Veracruz, y Viesca, Coahuila.
El mes pasado se hizo una intervención en el panteón de Torreón, Coahuila, donde cuatro equipos encabezados por arqueólogos forenses, adscritos al Centro Regional de Identificación Humana, con el acompañamiento de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recuperaron 148 cuerpos para su identificación.
Enseguida fueron tomadas muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas y se iniciaron los estudios correspondientes.
En septiembre el mismo grupo trabajará en el panteón La Paz, en Saltillo, Coahuila.
Este “enfoque masivo” fue construido por familiares de personas desaparecidas, el gobierno de Coahuila, el federal, así como organizaciones nacionales e internacionales, informó la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Reportó también acciones de búsqueda, del 16 al 31 de marzo pasado, en el Gran Canal del estado de México, donde se presume se han arrojado cuerpos, particularmente de mujeres secuestradas y asesinadas.
A la vez, los buscadores avanzaron el mes pasado en terrenos de El Sauz de Villaseñor, en Celaya, Guanajuato, donde se hallaron 16 fosas clandestinas y 21 cuerpos.
Igualmente en Abasolo, Tamaulipas, se encontraron 21 kilos de fragmentos de restos óseos.
El gobierno alista un “mecanismo extraordinario de identificación forense”, cuyos potenciales integrantes serán entrevistados del 3 al 16 de mayo; los seleccionados serán contratados días después. Habrá especialistas en identificación forense, expertos en enfoque sicosocial y acompañamiento a familiares, así como peritos en materia legal y cooperación internacional.
