El Universal
Al menos nueve de cada 10 de las más de 220 mil personas fallecidas oficialmente por Covid-19 en el país (94%) se desempeñaba en trabajos esenciales que no permitían quedarse en casa para realizar home office.
La baja escolaridad, un nivel socio económico precario, trabajos manuales y operativos como son empleados, choferes, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, jornaleros agrícolas, así como amas de casa, jubilados y pensionados son quienes destacan en la lista de defunciones por el coronavirus.
De acuerdo con el estudio Impacto de los determinantes sociales de la Covid-19 en México, elaborado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país la baja escolaridad está asociada a condiciones precarias de vida y salud, y a un mayor riesgo de muerte.
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“No cabe duda que el Covid-19 ha afectado en gran medida a la población con menor escolaridad, prácticamente la mitad de las muertes se produjeron en personas con un nivel educativo máximo de primaria”, señala el estudio elaborado por los investigadores del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Alejandro Cortés-Meda y Guadalupe Ponciano-Rodríguez.
Con relación al ámbito laboral, las personas de bajo nivel socioeconómico tienen una representación desproporcionadamente grande en entornos de trabajo esencial, como establecimientos de atención médica, granjas, fábricas, comercio, ambulantaje, transporte público, etcétera.
“El trabajar en estos ámbitos representa una mayor probabilidad de exposición al SARS- CoV-2, debido a factores como el contacto cercano con el público y otros trabajadores, la imposibilidad de laborar desde casa, no tener licencia por enfermedad y un pobre acceso a servicios de salud”, añade el reporte.
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Además, habitualmente para cubrir sus necesidades básicas deben trabajar largas jornadas. La modalidad laboral en casa a distancia ha sido viable para las personas de mayores ingresos, pero no para quienes salir a trabajar es su única forma de subsistir. Otro de los riesgos es que, al volver a su hogar, se transforman en una fuente de infección para sus familias.
El estudio de la Universidad agrega que “en nuestro país los trabajadores manuales y operativos, las amas de casa, los jubilados y pensionados representan 94% de los decesos, en tanto, el resto corresponde a profesionales, directivos y trabajadores de arte y espectáculos”.
Mortalidad y atención médica
En México, 92% de las muertes por Covid-19 ha ocurrido en una institución pública.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado 52% de las muertes durante el primer año de la pandemia, seguido de las unidades médicas de la Secretaría de Salud (Ssa), con 32%; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 8%.
Respecto a las instituciones médicas privadas, solamente ha fallecido 2%.
Es importante resaltar que, del total de contagios (2 millones 144 mil 588), únicamente 25% recibió atención hospitalaria, según datos hasta el pasado 15 de marzo.
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A escala nacional, una de cada cinco personas fallecidas fue atendida en una unidad de ciudades intensivos (UCI). El contraste más significativo es el del IMSS, que proporcionó terapia intensiva a 4% de las personas que perdieron la vida.
En relación con la intubación, procedimiento que debería de aplicarse a la mayoría de los casos graves, sólo han sido intubadas 29% de las personas fallecidas, añaden los investigadores.
“De nuevo, el máximo contraste se observa en el IMSS, en cuyas unidades médicas solamente se intubó a 20% de los fallecidos. Esto es extremadamente relevante, porque el IMSS atiende a una de cada tres personas con Covid-19”.
Entre las conclusiones del estudio se expone que en México la probabilidad de tener atención hospitalaria de calidad se reduce notablemente para quienes residen en lugares con mayor concentración de pobreza y la mortalidad es mayor para ellos.
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Las desigualdades en salud son evitables e injustas, es decir, inequidades, resaltan los investigadores. Mención especial merece la población hablante de lengua indígena, que en nuestro país es de alrededor de 7.2 millones de personas.
“Algunas razones por las que el Covid-19 vulnera de manera diferenciada a las personas indígenas son la explotación económica que los perpetúa en pobreza y los impulsa a la migración; la marginación social de los sistemas de salud y educación adecuados; la subordinación política y cultural que les impide ejercer sus derechos colectivos como pueblos, y la discriminación”.
En este contexto, la letalidad de la pandemia en la población indígena (17.4%) duplica la prevalencia en la población general. “Los datos aquí mencionados apuntan a grandes diferencias tanto en nivel de contagio como en la gravedad y mortalidad de la Covid-19, según el nivel socioeconómico al que se pertenece”, concluyen los investigadores de la UNAM.
