Forbes
La capacidad de las naciones latinoamericanas para combatir la corrupción disminuyó durante el año pasado ante la absorción de recursos de la pandemia, lo cual le dio margen a los políticos de algunos países para debilitar los órganos judiciales, según un reporte publicado este lunes.
La encuesta anual de 15 países latinoamericanos, compilada por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, encontró una disminución en la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción en casi todas esas naciones.
El índice evalúa la eficacia con la que los países pueden combatir la corrupción en función de variables como transparencia gubernamental, recursos judiciales y calidad de la prensa. Ubicó a Venezuela como la menos preparada de las 15 naciones, con Uruguay como la mejor.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) también mostró disminuciones significativas en el indicador en los dos países más poblados y economías más grandes de América Latina: Brasil y México.
En un momento en que tanto la inversión extranjera como nacional en América Latina están en mínimos de varios años, las crecientes dudas sobre la aplicación del estado de derecho y sobre la calidad de las instituciones judiciales están socavando la confianza empresarial, según el informe.
Brasil registró la caída más pronunciada en sus puntajes anuales, impactado por el desmantelamiento en febrero del grupo de trabajo contra la corrupción de Lava Jato, así como por el nombramiento del presidente Jair Bolsonaro de funcionarios percibidos como menos independientes para liderar la Policía Federal y la fiscalía.
México experimentó una disminución en su puntaje por tercer año, que según el informe reflejaba en parte recortes presupuestarios significativos al Sistema Nacional Anticorrupción como parte de las medidas de austeridad para hacer frente al impacto económico de la pandemia.
“AMLO ha centrado principalmente su campaña anticorrupción en su capacidad personal para erradicar el problema. Mientras tanto, el presidente prácticamente ha ignorado el SNA, ha aumentado el uso del gasto discrecional en los contratos públicos y ha descuidado los controles para mejorar la gobernabilidad, entre otras tendencias preocupantes”, señala el informe.
Guatemala también bajó en la clasificación luego del cierre de un organismo anticorrupción respaldado por la ONU en 2019. Una Comisión Presidencial contra la Corrupción, creada el año pasado y directamente bajo el control del ejecutivo, no ha realizado ninguna investigación importante, según el informe.
Clasificados de mayor a menor puntuación, los países evaluados en el índice fueron Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, México, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela.
