Agencias
El 42 por ciento de los ciudadanos piensa que la delincuencia organizada pudo haber influido en las elecciones del pasado 6 de junio, reveló la organización Alianza Cívica de Nuevo León quien realizó entrevistas y análisis sobre este tema en 17 distritos electorales de 12 estados del país.
Durante la rueda de prensa para la presentación de las conclusiones preliminares de las organizaciones de observación electoral en la sede del INE, la directora de dicha organización dijo que esa cifra de 42 por ciento contrasta con las elecciones del 2018 cuando sólo el 28 por ciento de los ciudadanos consideró que la delincuencia organizada influyó en los comicios.
Expuso que el estudio y observación electoral se realizó en la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Oaxaca, donde además de la injerencia del crimen organizado en las elecciones se analizaron temas como la compra de voto, la violencia política y clientelismo electoral.
Dijo que en alianza con organizaciones e instituciones internacionales, así como el Tecnológico de Monterrey, se realizó este informe preliminar que señala que el 82 por ciento acepta de regular a mucho la existencia de prácticas como la compra y coacción del voto.
Asimismo, el 52 por ciento dijo que sí había prácticas en sus distritos de compra y coacción del sufragio en las pasadas elecciones del 6 de junio.
Respecto a la compra y coacción del voto, indicó que en 10 por ciento de las casillas no se podría votar de manera libre y secreta, que no había mamparas y que había personas que vigilaban a los ciudadanos al momento de sufragar, otros de quienes votaban le tomaron fotografía a su boleta como una prueba de que estaban cumpliendo con la venta de su voto.
En el 13 por ciento de las casillas se detectaron casos de compra de votos. En promedio por cantidades de 200 pesos, pero en zonas de clase media entre 500 y 800 pesos. En el 8.6 por ciento de las casillas se registró acarreo de votantes.
Laura Becerra, Equipo Pueblo, expuso que se realizaron estudios y observación electoral en los estados de Baja California Sur, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, donde se documentaron 26 casos de violencia política de género.
Argumentó que el entorno no puede soslayarse ya que hubo una alta violencia política en el proceso electoral con más de 100 muertes, amenazas, heridos, secuestros, afirmaciones de discriminación.
“Se calcula El 30 o 35 por ciento del territorio nacional fue impactado por la presencia del crimen organizado. Pero las organizaciones decimos que no necesariamente fue atribuible la violencia política de género a ello, va mucho más allá de este tipo de criminales”, apuntó.
Agregó que de 782 actos de agresiones o delitos durante el proceso electoral que arrojó de 737 víctimas. De las cuales 260 eran mujeres es decir 35 por ciento. De las 89 víctimas mortales, 14 eran mujeres. Es decir, el 16 por ciento eran mujeres.
