En la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, propusieron hacer un exhorto a las autoridades correspondientes, a que intervengan en la resolución del conflicto derivado de la elección municipal en Santa María Huazolotitlán.
El punto de acuerdo solicita a la magistrada y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a que con pleno respeto a la jurisdicción, y con base en la carga probatoria que obra en autos, al resolver el expediente RIN/EA/20/2021, tome en cuenta el presunto fraude realizado en contra del pueblo de Santa María Huazolotitlán, y determine lo procedente para garantizar el respeto a la voluntad popular en la elección municipal.
En este mismo tema, solicita que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca intervenga en el conflicto electoral del municipio perteneciente al distrito de Jamiltepec, con el fin de levantar las denuncias penales que correspondan, tanto por los delitos electorales que se hubiesen cometido, como por las amenazas proferidas en contra de las personas defensoras del voto en la comunidad.
También, que el Titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a hacer presencia suficiente en Santa María Huazolotitlán, con el fin de disuadir el probable cumplimiento de las amenazas vertidas en contra de quienes defienden el voto, y evitar la violencia y la posible comisión de nuevos delitos.
El planteamiento se debe a que, en la pasada jornada electoral del 6 de junio, al final de la elección, de acuerdo con el PREF la candidata de la coalición PRI-PAN obtuvo mil 280 votos frente a mil 108 de su contrincante más cercano, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, una diferencia de 172 votos.
Sin embargo, el proceso democrático estuvo plagado de presuntas irregularidades, ya que el nombre de la persona que recibió constancia de mayoría, Vilma Zenorina Reyes Martínez, no estuvo en la boleta. Además, se denunció que el día de la jornada electoral se realizaron acciones de compra de votos.
La propuesta fue presentada por la legisladora Magaly López Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y turnada por la Diputación Permanente a la comisión correspondiente para su análisis y dictamen.
