La Jornada
En cumplimiento de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Fiscalía General de Oaxaca debe rencauzar la investigación de la desaparición del joven estudiante Israel Moreno Pérez, a quien se le vio por última vez hace 10 años, el 8 de julio de 2011, en Chacagua, costa del Pacífico. Tendrá que partir de una supuesta “resolución” de la procuraduría estatal que entonces encabezaba Jesús López López, quien dio por cerrado el caso en 2012.
La resolución de la averiguación previa con la que se pretendió dar carpetazo a la desaparición de Israel, de 19 años en ese momento, está basada en lo que se llamó en los expedientes “autopsia verbal”, sin cuerpo; en la alusión de una gota hemática recogida en una lancha que nunca se presentó y un dictamen basado en peritajes de criminalística que, según constató la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en su momento, se realizaron en fecha posterior.
Aunado a estas aberraciones procesales, desde 2012 están presos en un penal de Oaxaca tres declarados como responsables -Javier Rodríguez Peña, Honorio Corcuera y Margarito González- únicamente basado en declaraciones autoinculpatorias. A los tres se les aplicó el Estatuto de Estambul y dieron positivo a torturas. Señalan como autor de las torturas al agente asignado a la investigación, Luis Vázquez Martínez, también demandado por Carlos Moreno por amenazas de muerte para obligarlo a retirarse de la constante cercanía que ha mantenido en el desarrollo de las investigaciones sobre la desaparición de su hijo.
Esto ocurrió durante la administración del gobernador Gabino Cué, con Jesús López como procurador estatal (hoy es magistrado del Tribunal Superior). Varios funcionarios, entre ellos el ex procurador, el agente Vázquez y responsables de ministerios públicos involucrados en este caso, han enfrentado procesos penales por corrupción, fabricación de pruebas y desvío de la indagatoria. Nunca se procedió contra ellos.
El padre de Israel, Carlos Moreno, logró en 2012 que la PGR atrajera el caso y que realizará algunas diligencias, “todas a destiempo, todas infructuosas”. Después de 10 años de lucha incesante, y a pesar de la resolución de la ONU, mira con decepción los resultados: “Nada se ha avanzado”.
No hay una palabra para describir a las autoridades
Expresa: “No sé cómo llamar lo que sucede con las autoridades en el caso de mi hijo; omisión, colusión con el crimen organizado, burla, simulación, desprecio, impunidad o ineptitud. No hay una palabra que concentre todo eso”.
En diciembre del año pasado, en seguimiento a la resolución del Comité de la ONU, el subsecretario de gobernación para Derechos Humanos Alejandro Encinas emitió una disculpa pública a la familia Moreno Pérez por el mal manejo del caso: “Mi esposa Enriqueta, mi hija Areli y yo la rechazamos. No fue por desprecio a Encinas. Como le dijimos: usted no nos ha ofendido ni le hizo daño a mi hijo. No queremos disculpas. Lo que queremos es que de una buena vez se investigue bien y se llegue al fondo, para poder saber qué pasó con Israel”.
El joven acababa de ingresar a la UNAM, para estudiar la carrera de Geografía, como su padre. Llegaron las vacaciones, empacó su mochila y se lanzó a la aventura a las cosas oaxaqueñas. El 8 de julio su mamá recibió su último mensaje. Decía que había llegado a Chacagua y que al día siguiente iría a Mazunte, donde lo esperaban algunos amigos. Nunca llegó.
La experiencia de Carlos Moreno como buscador en solitario de Isra, como le dicen sus amigos, ha sido siempre cuesta arriba: “De manera individual es muy difícil lograr la atención de las instituciones que imparten justicia. Como víctima hay la necesidad de agruparse en colectivos, pero a veces sale contraproducente ya que nos encontramos con supuestos activistas que en realidad son arribistas que se encargan de mantener pasivas a las víctimas y obtienen beneficios para ellos”.
Desde el principio, asegura, hubo el claro objetivo de no llegar a ningún lado. “López López estaba a cargo de la entonces procuraduría estatal. Los primeros meses, que siempre son claves en casos de desaparición, no se hizo nada. El argumento del procurador es que no tenían dinero ni para gasolina. Finalmente, meses después, asignaron a Vázquez Martínez para hacer la investigación.
Autopsia sin cuerpo
“En diciembre me citan y salen con esa barbaridaad: que a Israel lo mataron para robarle un I-pod y una cámara, aparatos que él no poseía; que unos tiburoneros habían visto un cuerpo flotando en el mar (de un hombre mayor, calvo y robusto…cuando Israel es joven, delgado, de cabello rizado y abundante). Cerraron el caso meses después añadiendo al expediente una autopsia en la que incluso detallan la trayectoria de las puñaladas propinadas a bordo de una lancha que nunca se presentó. Y sin cuerpo”.
En 2012 Moreno logró que la PGR atrajera el caso. Tres años después de la desaparición, se realizaron tres barridos en la laguna, en busca de algún resto de su hijo. Como era de esperarse, por el movimiento diario de las mareas, nunca se encontró nada.
Carlos Moreno denunció a los funcionarios públicos que se prestaron al montaje y encubrimiento del caso. Rubén Vasconcelos era entonces funcionario en atención a víctimas. Siempre acaparó esa averiguación previa e impidió la intervención de otros vicefiscales, recuerda el padre. “Es mi caso, no se metan, decía”.
Cuando se demostró que el agente Luis Vázquez había torturado a los detenidos y amenazado de muerte a Moreno, prometió destituirlo. No lo hizo. Cuando Vasconcelos ascendió a la procuraduría estatal, el caso se estancó definitivamente. “Fue él quien dejó en el olvido casos como la periodista María del Sol Cruz Jarquín o María Elena Ríos, la saxofonista que fue agredida con ácido”.
Carlos Moreno se pregunta: “¿Es demasiado pedir una investigación efectiva y sancionar a los delincuentes que transitan con permiso de las autoridades? Si ya un solo desaparecido es inadmisible, 86,000 es una vileza. Es una vileza que nuestros gobernantes minimicen el problema”.
Por lo pronto, el padre de Israel está a la espera de una audiencia con el nuevo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert.
“Ya me citó para una reunión vía zoom pero él no asistió. Entiendo que los funcionarios de ese nivel estén ocupados, pero la desaparición de personas también debe ser su prioridad”, concluye.
