Uriel Pérez García
Uno de los principios fundamentales de la administración pública se sustenta en el diseño de la hoja de ruta que orienta todas las acciones de gobierno que permiten alcanzar los resultados que la ciudadanía espera en términos de desarrollo económico y social, además de focalizar las necesidades prioritarias para el uso responsable de los recursos públicos.
Desde esta perspectiva, la Carta Magna establece como obligación del Estado mexicano la construcción de un Sistema Nacional de Planeación que de manera democrática, es decir mediante mecanismos de participación ciudadana, recoja las aspiraciones y demandas sociales e impulse el desarrollo nacional y que se establece a partir de lo que en términos llanos conocemos como planes de desarrollo, mismos que deben erigirse en los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, es importante distinguir que los gobiernos federal, estatal y municipal deben mantener una coordinación que posibilite dentro del marco del citado sistema de planeación, la consecución del desarrollo de manera conjunta, con el establecimiento de objetivos concretos dentro de cada una de sus atribuciones y competencias, puesto que cada uno tiene la autonomía que le otorga un sistema federal de carácter tripartita.
Al respecto, es muy común hacer alusión al término niveles de gobierno, asumiendo la subordinación del ámbito municipal al estatal y de este al terreno federal, siendo que cada uno tiene su propio nivel de autonomía, de modo que no se trata de niveles de gobierno en términos jerárquicos, sino de órdenes de gobierno que mantienen coordinación y colaboración dentro de sus límites y alcances constitucionales y legales.
Así, el artículo 115 constitucional reconoce como base de la división territorial y de la organización política y administrativa del país al municipio libre que será gobernado por un ayuntamiento electo de manera directa mediante el voto popular, sin que exista una autoridad intermedia entre su gobierno y el gobierno del Estado.
De lo anterior se desprenden dos elementos esenciales: por una parte la importancia de que cada municipio cuente con su órgano de gobierno constitucionalmente electo, puesto que además de la estabilidad social y política que deriva de la atención de las necesidades más inmediatas de la población, se garantiza la conservación del orden público.
Por otra parte se asegura el cumplimiento a la obligación de construir el plan de desarrollo municipal que impulse la consecución de un mejor nivel de vida de los habitantes que constantemente demandan más y mejores servicios. Al final del día, más allá de las ideologías o la identidad partidaria, que tiene momentos álgidos en la contienda electoral, lo que las y los ciudadanos esperan son resultados palpables.
Indudablemente el punto sensible se encuentra en los recursos públicos a disposición de los municipios y que en el mayor de los casos son desaprovechados por la falta de planeación, ya que en el mejor de los escenarios, los planes de desarrollo municipal son construidos desde el escritorio, muchas de las veces a través de consultorías que trazan la hoja de ruta sin conocer y transitar el camino que les facilite sortear los obstáculos y visualizar los atajos.
En contraste, es fundamental establecer todos aquellos mecanismos que permitan involucrar a la sociedad en la construcción de los planes de desarrollo, puesto que solo escuchando las voces de los distintos sectores podrá respaldarse un proyecto de gobierno integral y legítimo, que garantice resultados a partir de la atención a las principales demandas.
El próximo 1 de enero entrarán en funciones las nuevas autoridades municipales que desde la última reforma política tienen la posibilidad de alcanzar la reelección y con ello la continuidad de sus acciones y políticas públicas que implementen desde los primeros días de su gestión. Pero para lograr lo anterior resulta apremiante la construcción conjunta de su plan de desarrollo municipal con una amplia participación de la sociedad.
Es inaplazable generar los acuerdos entre los distintos actores, anteponiendo el diálogo por encima de las naturales divergencias que devienen de un proceso electoral. Llegó el momento de colocar sobre la mesa las necesidades prioritarias y hacer a un lado las diferencias principalmente en aquellos municipios que deberán celebrar comicios extraordinarios, ya que de lo contrario se seguirá postergando el anhelado desarrollo social que invariablemente debe arrancar desde la planeación.
