Uriel Pérez García
Uno de los grandes pendientes de la administración pública en México ha sido su escasa profesionalización, lo que ha derivado en decisiones orientadas más por proyectos políticos que por elementos de diagnóstico y análisis de factibilidad de las acciones y políticas públicas que indudablemente inciden en una estropeada administración de los recursos públicos y en la gestación de la corrupción.
En este contexto, la profesionalización de las y los servidores públicos busca desvincular en cierta medida el quehacer administrativo de los intereses de partido o grupos económicos que de alguna manera persiguen impulsar su agenda con miras a consolidarse en el poder político más allá de atender de manera eficaz las necesidades prioritarias de la población.
En un sistema democrático, donde las decisiones de gobierno deben tomarse sin excepción orientadas hacia el bienestar colectivo, es pertinente contar con un cuerpo administrativo que responda a esa visión pública, por lo que el ingreso a la esfera gubernamental debe partir de mecanismos objetivos que permitan tener capital humano profesional y con posibilidad de permanencia más allá de las lealtades políticas.
A lo largo de las últimas décadas poco se ha buscado gestionar recursos humanos en la administración pública con base en el mérito, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades para cumplir con este enfoque de que lo público es precisamente eso, un bien colectivo, con un carácter neutral en el cumplimiento de tareas que permitan beneficiar a todas y todos por igual.
Aunado a lo anterior, la idea liberal democrática proveniente del siglo XVIII con la Revolución Francesa, que sentó los cimientos de un Estado basado en la libertad de los individuos como eje del desarrollo colectivo estableció la intervención del gobierno únicamente como ente regulador de las relaciones de poder entre la sociedad, fijando que sería la soberanía popular la que impondría los alcances y límites al aparato gubernamental y no al revés.
Así pues, cuando hablamos de profesionalización de lo público en igualdad de oportunidades para un beneficio común, nos referimos a la instauración de un Servicio Civil de Carrera, que discrimine criterios de carácter partidista para el ingreso y permanencia de los servidores públicos en el aparato gubernamental, fijando como requisitos para intervenir en la implementación de las decisiones públicas el mérito, el conocimiento y la especialización en distintas áreas de la función pública.
En el caso mexicano está claro que aun con la estabilidad política de las primeras décadas posteriores a la Revolución, la legitimidad del gobierno se basó en un esquema político sustentado en una hegemonía de partido, que posibilitó acuerdos con diversos sectores sociales que se volvieron incondicionales a un régimen más bien autoritario que democrático.
De modo que el modelo de gestión gubernamental estuvo marcado por un esquema burocrático tradicional que no diferenciaba el carácter político de lo administrativo instaurado en un sistema de botín político que hasta antes de la alternancia en el 2000 mantuvo este planteamiento de devoción política al jefe en turno y que pareciera recuperar espacio en el actual sexenio.
Es urgente desplazar la idea de visualizar al gobierno como un botín político al cual se accede para establecer una partida de todo o nada, con un juego de suma cero, donde la rotación y relevo de personal se fije con base en lealtades políticas o a través de la simpatía hacia un proyecto de partido excluyendo por completo aquellos mecanismos que puedan aprovechar al máximo el capital humano.
Lo descrito deriva en escasa continuidad de políticas públicas e improvisación en las decisiones, con repercusiones graves en el dispendio de recursos públicos sin la mínima planeación, con una administración pública poco profesional y basada en un carácter puramente político dispuesta a la corrupción, puesto que desde las entrañas de la esfera administrativa gubernamental se permite la gestión de beneficios a grupos afines al gobierno en turno.
Si bien es cierto que ha habido intentos por instituir un servicio civil de carrera en nuestro país, vale subrayar que la vieja escuela burocrática ha prevalecido ante la falta de voluntad política para impulsar una auténtica profesionalización. Por tanto, es impostergable virar hacia un modelo de gestión basada en resultados, que facilite hacer valer una verdadera participación de la ciudadanía en el espacio de lo público.
