Agencias
Servicios para una Educación Alternativa (Educa) contabiliza 16 personas defensoras asesinadas en Oaxaca durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y 91 en todo el país, en el mismo periodo. Al 21 de julio de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconocía el asesinato de 68.
Adicionalmente agrega una lista de siete activistas asesinados en México que no fueron reivindicados como defensores; tres de ellos, asesinados en el estado de Oaxaca.
La organización advierte que muchas agresiones a defensoras y defensores comunitarios, desde agresiones menores hasta asesinatos, no se denuncian públicamente ni en las instancias de justicia correspondientes, por desconfianza hacia las autoridades o para no exponer familiares y otros activistas en un contexto de total impunidad.
“En el país hay regiones con una gran capacidad de denuncia pública (organizaciones de Oaxaca denuncian 16 asesinatos) que contrastan con zonas de silencio por el terror de poderes fácticos que actúan en complicidad con el Estado y que silencian a cualquier intento de defensa de derechos (Tamaulipas, por ejemplo, no reporta ningún asesinato). Esto hace muy complicado comparar los datos desagregados por estado”, explica.
También menciona que varias organizaciones sociales mencionaron públicamente una mayor cantidad de asesinatos.
Por ejemplo, menciona el caso de la región Triqui, Oaxaca, del territorio Yaqui, Sinaloa, o de la Montaña Baja de Guerrero. Sin embargo, solamente los asesinatos con mayor impacto en sus organizaciones, como el homicidio de líderes, fueron denunciados como asesinatos de defensores y aparecen en su lista.
Educa sostiene que en varios contextos sociales en México hay una línea delgada entre la defensa de los derechos humanos, los conflictos territoriales y sociales y la participación en la política local y partidista.
“Cabe hacer mención que una mayor cantidad de crímenes que los que están en esta lista se cometen en el contexto de conflictos sociales y políticos, que no fueron atendidos a tiempo por los tres niveles de gobierno”.
En su lista aclara que solamente aparecen cuatro personas defensoras que tenían el enfoque principal de su labor de defensa en la comunicación: Samir Flores Soberanes, Morelos; Gustavo Cruz Mendoza, Oaxaca; Rafael Manríquez Murúa, Baja California Sur y Telésforo Santiago Enríquez, Oaxaca.
Además, señala que según su seguimiento hemerográfico a las denuncias de las organizaciones gremiales, otros 31 periodistas fueron asesinados desde el inicio de este sexenio y dos periodistas de Sonora están desaparecidos desde marzo del 2021.
“Esclarecer el móvil en cada crimen es tarea de las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Tratándose de defensoras y defensores que se encuentran en riesgo por ejercer su labor de defensa, no se debe descartar nunca esta línea de investigación como posible motivación de los crímenes. Puede haber casos en esta lista en los cuales una investigación seria arroje que el móvil del asesinato era otro.
“Sin embargo, el asesinato de cada una de estas personas deja un vació especial en la sociedad a raíz de su labor de defensa”, finaliza.
De acuerdo con un conteo realizado por EL UNIVERSAL en julio pasado, sólo en Oaxaca habían asesinado a 24 personas defensoras de alguna causa, como derechos humanos, de los pueblos indígenas, de la diversidad sexual, del territorio, ambientalistas, entre otros. Los incluidos en dicho recuento fueron reivindicados como defensores por al menos una organización e incluso por entes internacionales.
