La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca urgió atender de manera integral y aplicando protocolos con perspectiva de género e infancia y adolescencia, los casos de violencia contra mujeres adolescentes, en los que existan uniones tempranas que pueden, además, configurarse en delitos.
Y es que, el caso de Fanny L. N., puso en evidencia la necesidad de establecer intervenciones institucionales que permitan brindar una atención y protección integral a víctimas que enfrentan violencias múltiples, para garantizar el pleno desarrollo físico y mental de las mujeres.
El organismo autónomo detalló que la aplicación de enfoques de género, infancia y adolescencia, así como interculturales, permitirá atender las particularidades de los casos considerando los contextos específicos de las víctimas.
La DDHPO recordó que las instituciones de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de priorizar y garantizar el interés superior de la niñez en hechos violentos en los que estén implicados niñas, niños y adolescentes, por lo que es perentorio aplicar las medidas necesarias para brindar protección eficaz y salvaguardar su integridad física, psicológica y psicosocial.
Así también, la Defensoría indicó que, pese a estar prohibidos los matrimonios civiles de menores de edad en Oaxaca, es una realidad la existencia de uniones tempranas entre una adolescente con un adulto, mismas que están consideradas por la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, como forzadas, debido a la inhabilidad de consentir por parte de las adolescentes, por lo que se configura como una forma más de violencia por razones de género y un delito en el caso de Oaxaca.
Estos actos deben ser considerados también como una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues afecta su calidad de vida, su desarrollo inclusivo, autónomo, así como su salud física, sexual y reproductiva.
Asimismo, la DDHPO sostuvo que en la mayoría de las ocasiones la unión temprana genera situaciones de violencia doméstica, física, psicológica, social y sexual, debido a los desequilibrios de poder derivados de las diferencias de edad que tienen con sus parejas.
Respecto a los embarazos adolescentes que resultan de las uniones tempranas, el informe de la Oficina Nacional de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, advierte que son una forma de violencia estructural contra las niñas y adolescentes, porque en realidad ninguna niña o adolescente decide estar embarazada, por ello la sociedad debe generar conciencia colectiva que cuestione y rechace el abuso sexual de niñas y adolescentes, además de que desnormalice estas prácticas.
La Defensoría recordó que prevenir una unión temprana y un embarazo adolescente es una cuestión de derechos humanos, además de que es una problemática que debe dejar de estar invisibilizada en las políticas públicas, las cuales deben estar diseñadas para alertar sobre los riesgos y costos de las uniones y maternidades tempranas en la vida de las niñas y adolescentes.
La Defensoría insistió en la necesidad de cambiar patrones culturales y combatir estereotipos de género que normalizan estas prácticas, además que revictimizan y hacen corresponsable a las víctimas de las agresiones.
Añadió que esto es parte de una cultura predominantemente machista que genera culpa en la víctima para disminuir el rechazo social hacia el hecho violento, mientras que la estigmatización y señalamiento de la víctima dificulta su acceso a la justicia.
La Defensoría detalló que estas visiones sociales, la cuales incluso están presentes en los procesos de atención de las instituciones públicas, deben ser transformadas, es decir se requiere un cambio de paradigma centrado en las víctimas que garantice el acceso a la justicia sin señalamientos, estigmatización que permita brindarles protección y seguridad.
Respecto a la investigación que lleva a cabo la Defensoría sobre el caso de Fanny L.N., el organismo autónomo informó que, un equipo de la institución encabezado por la defensora Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Itabico Cruz López, acudió a El Porvenir, San Juan Cotzocón.
En la localidad, el personal especializado sostuvo entrevistas con integrantes de la familia de la adolescente, quien falleció en circunstancias que tendrán que aclararse y que este organismo ha solicitado se investigue bajo el protocolo de feminicidio, además de que se garanticen medidas de protección a la familia.
La DDHPO reiteró la importancia de atender de manera estructural las violencias contra las mujeres y principalmente contra niñas y adolescentes, para modificar patrones de conducta social que promuevan un cambio sustancial y garanticen a las mujeres una vida libre de violencia.
