Uriel Pérez García
El 17 de octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reconoció el derecho de las mujeres de votar y ser votadas para puestos de elección popular, más que como concesión voluntaria del sistema político, como resultado de una larga lucha encarnada en movilizaciones y pronunciamientos teóricos y políticos por el reclamo histórico hacia la igualdad.
De este modo se establecieron las condiciones jurídicas para la igualdad política que se reflejó en un reconocimiento formal, pero que en la realidad fue apenas el punto de partida hacia la participación libre de las mujeres en la vida pública de nuestro país, que además abrió paulatinamente el camino hacia el reconocimiento de una serie de derechos en diversos ámbitos, como el social, económico y cultural, donde desafortunadamente hasta hoy se suscitan resistencias que se manifiestan en expresiones de violencia hacia las mujeres.
Ya desde 1887, el movimiento feminista en México encuentra sus primeros causes de manifestación en el semanario que Laureana Wright nombró Violetas de Anáhuac, donde se cuestionaba el nulo reconocimiento del derecho de contribuir con su voto a la mejora de sus condiciones de vida y la falta de participación de las mujeres en los espacios de decisión, pero además significó el reclamo expreso de más de la mitad de la población que demandaba ser escuchada.
De esta forma nacieron más espacios en los que otras mujeres siguieron expresándose, compartiendo ideas y pensamientos que cuestionaron de manera más enérgica las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres y que años después encontraron eco en la expresión que Hermila Galindo Acosta manifestó al referir que el lugar de las mujeres no se reducía únicamente a la casa, sino que el lugar de las mujeres es el mundo entero.
En este contexto, la demanda del reconocimiento a votar y ser votadas como la vía para acceder a una vida digna fue adquiriendo mayor relevancia hasta que en 1923 se permitió por primera vez el voto de las mujeres en Yucatán, lo que dio como resultado la elección de las primeras diputadas locales en la historia del país, significando un parteaguas hacia el reconocimiento del voto de las mujeres en todo México.
Fue así como el 3 de julio de 1955 acudieron a las urnas por primera ocasión a nivel nacional a depositar su voto quienes por décadas demandaban ese reconocimiento que nos sigue obligando a recobrar la memoria histórica sobre el aporte de las mujeres al desarrollo de sociedades más democráticas, pues en cada uno de los hechos históricos relevantes de la humanidad, han tenido un papel sumamente relevante.
No obstante, es importante señalar que no basta con el principio jurídico del derecho de votar y ser votadas, cuando el sistema político de orden patriarcal no genera las condiciones para que las mujeres accedan de manera real a la posibilidad de ser votadas y en ese sentido incorporarse a las instituciones donde se toman las decisiones o que cuando son incorporadas sufren discriminación.
Si bien es cierto que han existido avances, hay que subrayar que mientras no se corrijan aspectos centrales entre lo público y lo privado, como las responsabilidades y roles que se asignan en ambas esferas, la desigualdad de género prevalecerá, puesto que en tanto se siga considerando responsabilidad única de las mujeres el espacio privado y reservando el público a los hombres, los desequilibrios para lograr la participación en condiciones de igualdad no será posible.
Una teoría democrática con sesgos patriarcales y visiones tradicionales con roles y estereotipos de género, seguirá siendo incompleta en la medida que excluye a las mujeres de constituirse en un poder igualitario tanto en las familias, como en la sociedad civil y el Estado.
Finalmente es importante mencionar que todas las instituciones tienen la responsabilidad ética y política de transitar hacia una igualdad real; que las mujeres accedan a los espacios donde se toman las decisiones trascendentes en el desarrollo de la sociedad, es decir, en el poder legislativo, en el poder judicial y el poder ejecutivo, aunado a la participación activa en la sociedad civil.
Es cierto que en el plano formal en los últimos años se han suscitado reformas constitucionales para la consolidación de la participación en condiciones de igualdad en la vida pública, no obstante, necesitamos producir sinergias que lleven a deconstruir el sistema dominante que hasta hoy impide igualdad sustantiva.
