Publimetro
Durante 2021 se cometieron 25 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos en México, y Oaxaca fue la entidad federativa que registró más incidentes, con 7. Así lo señala el informe “25 personas defensoras de derechos humanos ejecutadas extrajudicialmente en el 2021″, publicado el 4 de enero por la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.
Cabe aclarar que la ONU señala que las ejecuciones extrajudiciales suceden cuando miembros del Estado mandan a particulares a privar de la vida a personas, por motivos políticos, o como forma de castigo por el activismo y defensa de algún derecho humano.
De acuerdo con la organización de derechos humanos, durante 2021 se perpetraron 25 ejecuciones extrajudiciales en México: 7 en Oaxaca; seguida por Chiapas con 5 y Sonora con 4; los estados de Morelos y Guerrero con 2 casos cada uno; mientras que Hidalgo, Campeche, Veracruz y Colima registraron solo una incidencia.
En el estado que gobierna el priista Alejandro Murat, fueron asesinados los activistas Fidel Cruz Heras, Jaime Ruíz Jiménez, Federico Gutiérrez de Jesús, Oliverio Merino Martínez, Flor Hernández de Jesús, Manuel Pérez Cartas y Marcelino González Álvarez.
Dos de las víctimas (Cruz Heras y Jiménez Ruíz) forman parte del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), que se opone a los proyectos del gobierno federal y de la Comisión Federal de Electricidad para construir presas, como la llamada “Paso de la reina”.
Gutiérrez de Jesús, Merino Martínez,Hernández de Jesús y González Álvarez formaban parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); y Manuel Pérez Cartas era integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR) de Oaxaca.
De los estados que registraron incidencias Chiapas, Campeche y Veracruz son gobernados por Morena; Oaxaca, Guerrero, Sonora, Hidalgo y Colima por el PRI; mientras que en Jalisco gobierna el MC y en Morelos el PES.
Por otra parte, el informe indica que el 88% de las víctimas fueron hombres (22); mientras que el 12% mujeres (3). Doce de las víctimas de ejecución extrajudicial luchaban por el derecho al territorio; cinco defendían derechos relacionados a la Vida digna; cuatro luchaban por el medio ambiente; dos de los activistas pugnaban por los derechos humanos; y un caso por la libertad de expresión.
