Uriel Pérez García
El conflicto entre el titular del ejecutivo federal y algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral que se había suscitado principalmente en el plano discursivo, como ya se veía venir escaló en las últimas semanas al plano institucional, lo que indudablemente tendrá repercusiones para el órgano electoral mermando su legitimidad y allanando el camino para una reforma que podría ser de gran escala con un impacto en el sistema electoral de nuestro país.
El ejercicio de revocación de mandato ha fijado el margen de maniobra perfecto para que, de las descalificaciones se pasara a poner contra la pared a la institución encargada de la organización y desarrollo de dicha consulta que en términos constitucionales y legales exige parámetros similares al de una elección, por lo que prácticamente todos los engranajes deben ponerse en marcha pero en este caso con mucho menor presupuesto.
Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto la controversia interpuesta por legisladores de oposición en torno a la pregunta que deberá plantearse en la consulta, así como el recurso interpuesto por el INE ante la negativa de recursos económicos, lo cierto es que la consulta de revocación va, al mismo tiempo que el gobierno federal ha anunciado que lo que no va es el aumento de los recursos para dicho ejercicio.
En su defensa, el INE ha realizado maniobras poco acertadas en las que pareciera que solo se entrampa, es decir no tiene para donde hacerse puesto que desde la retórica presidencial siempre ha llevado las de perder y peor aún con una estrategia de comunicación poco efectiva, que demuestra más irritación y enojo que una posición clara e institucional, a través de un personaje virtual bautizado como “Al Chipotle”, que fue abucheado en redes sociales la semana pasada.
Hay que señalar que indudablemente el ejercicio de revocación de mandato, al margen de cualquier discusión, es un instrumento de participación ciudadana de gran valía en sistemas democráticos, por lo que sentaría un precedente importante en nuestro país, puesto que se instalaría la posibilidad real para que en un futuro cualquier gobernante pueda ser sometido al escrutinio de manera directa poniendo a consideración su deposición a través de la revocación del cargo ante la perdida de confianza por parte de los gobernados.
No obstante, la discusión en el caso particular ha girado en torno a que desde el inicio, esta consulta adquirió un sesgo que apuntaba hacia una consulta de ratificación para ensalzar la figura presidencial y demostrar de forma ególatra a los opositores lo que todos sabemos sobre el nivel de aceptación del ocupante de palacio nacional, con lo que se desviaría la naturaleza propia de someter a revocación al mandatario, promoviendo por el contrario, una ratificación por parte de sus propios simpatizantes.
De este modo, una de las primeras discusiones se suscitó en torno a la pregunta que se debería plantear para el ejercicio que se llevará a cabo seguramente el próximo domingo 10 de abril y que de acuerdo con lo aprobado en septiembre del año pasado en la Ley de Federal de Revocación de Mandato en el artículo 19, establece que la pregunta debe ser redactada en términos de si se está de acuerdo en que al presidente de la República se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo.
Lo anterior derivó en una controversia constitucional promovida por legisladores de oposición, misma que analizará la Suprema Corte en términos de un proyecto que propone eliminar el posible sesgo que abre la posibilidad de plantear una ratificación o refrendo ante el doble cuestionamiento al consultar si se está de acuerdo en que el presidente siga hasta que termine su periodo, puesto que desde la perspectiva del ministro Mario Pardo Rebolledo con dicho planteamiento se “desnaturaliza el mecanismo”.
Ante este escenario pareciera que la estrategia del presidente de la República para debilitar al INE ha encontrado terreno fértil para dañar al instituto electoral y sentar las bases que legitimen una reforma electoral de gran envergadura en la que el impacto más dañino para la democracia en nuestro país sería eliminar al árbitro para que la organización de los comicios regrese nuevamente al terreno del gobierno en turno. Habrá que estar atentos a lo que se cocine en los próximos meses ante un contexto con elecciones en cinco estados de los cuales seguramente la mayoría serán para el partido gobernante.
