Uriel Pérez García
Como ya se había previsto, luego de la propuesta de reforma en materia eléctrica seguiría en orden de prioridades de la agenda del gobierno actual, la reforma electoral que como era de esperarse suscitó una serie de debates desde el plano académico como político, este último encabezado por los partidos opositores quienes tienen la sartén por el mango al anotarse como una victoria detener la reforma eléctrica y que desde ya, amagan que la electoral tendrá el mismo destino.
Desde esta perspectiva la propuesta de reforma presentada por el presidente lleva la máxima, como en los pliegos petitorios; poner sobre la mesa el mayor número de pretensiones para comenzar a negociar a partir de una serie de elementos que parecieran no solo desproporcionados si no a sabiendas que toparán de inmediato con pared, como es el caso de la reducción presupuestal a los partidos políticos o la eliminación de plurinominales.
En el caso de los escaños plurinominales, hemos señalado en este espacio respecto a las implicaciones que en el ámbito de la teoría política implica eliminar uno de los elementos esenciales de toda democracia, manifestada en la representación de la pluralidad política y que tendría a erigirse en el poder que por antonomasia debiera garantizar los contrapesos hacia el poder político.
Sin embargo, hemos subrayado que en los hechos, los escaños plurinominales han ido perdiendo a lo largo de las últimas décadas la función de la representación de las expresiones minoritarias que en su momento optaron por la vía de la manifestación incluso violenta, hasta que se les incorporó a la vida institucional con la multicitada reforma política de 1977.
Muestra de lo anterior es que a nivel de ciudadanía poco o nada se sabe de quienes nos representan por la vía plurinominal, no solo porque escapan al modelo de campañas que permiten medianamente conocer a las y los candidatos, sino porque además en el quehacer legislativo solo responden a coyunturas políticas que posibilitan alianzas pragmáticas que les permitan la sobrevivencia de sus pequeños partidos políticos.
Desde este enfoque, la desaparición de diputaciones y senadurías plurinominales resulta atractivo para una sociedad que ve solamente como una carga al erario el tener a representantes de partido, más no a representantes populares, lo que sin duda no es tan sencillo en un país en el que por otro lado hemos visto las consecuencias de tener un poder sumamente centralizado y que tiende hacia el establecimiento de un sistema autoritario.
Si bien es cierto que existen algunos países en los que su sistema político y electoral prescinde de este esquema de representación plurinominal, también lo es que el nivel de desarrollo político es distinto desde el ámbito de la cultura política hasta el terreno institucional, con un engranaje sólido que por sí mismo impide la concentración de poder en un solo grupo o partido y exige la formación de gobiernos de coalición.
En el caso de nuestro país, en primer lugar el gran reto está en romper el círculo vicioso en el que por un lado la clase política sigue utilizando las prácticas antidemocráticas de acarreo, compra de votos, así como la utilización del aparato estatal para seguir manteniendo el sistema de botín en el que el ganador se quede con todo el poder para concentrarlo en aras de sus intereses de grupo.
Mientras que por el otro lado tenemos una sociedad que cada vez se aleja de la generación de propuestas y la exigencia a sus gobernantes y representantes, contagiándose de esa efervescencia beligerante de descalificar e insultar, dejando de lado la búsqueda de información para fomentar el debate y el diálogo.
En una realidad que impone una crisis de representatividad con un ensanchamiento de la brecha entre la clase política y la ciudadanía, no resulta tan descabellado desaparecer en la norma lo que en los hechos parece ser ficticio, no obstante es necesario apuntar hacia instituciones electorales sólidas que posibiliten esa competencia plural tan necesaria para la sana convivencia.
No se debe intentar disminuir o desaparecer los avances logrados hasta hoy en el plano normativo e institucional que han permitido transitar cambios en la vida política del país por la vía pacífica; no es casual que luego de la reforma político electoral de 1996 que otorga plena autonomía constitucional al entonces IFE, el otrora partido hegemónico perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados federal en 1997 y la presidencia en el 2000.
