Milenio
La población de Santa Catarina Yosonotú, en Oaxaca, ordenó encerrar a dos borregos por ingresar a unos terrenos de cultivo a pastar.
La determinación se realizó por parte de la asamblea comunitaria de usos y costumbres.
Los animales fueron incautados por la autoridad local, que los trasladó a la cárcel municipal, donde se fincó una multa a su propietario.
La dueña de los animales tendrá que reparar los daños y mantener a los borregos amarrados en un corral.
El caso ocurrió en la zona mixteca de Oaxaca, en un municipio indígena, donde, según se indicó, los borregos quedaron encerrados por haber comido pasto sembrado en la parcela del albergue Ignacio Zaragoza. El síndico municipal encarceló a los borregos y no han podido darles agua ni comida, acusó la dueña de los animales, por ello, se decidió informar sobre el caso por miedo a que los borregos mueran de hambre en la cárcel.
Además, la dueña señaló que fue intimidada, pues se le indicó que la autoridad municipal tomaría represalias contra su familia en caso de que se exhibiera la situación. La dueña y sus hijos, quienes son menores de edad, pidieron apoyo para que se sensibilizar a las autoridades de Santa Catarina Yosonotú porque no tienen dinero para pagar la multa.
Abusos a derechos humanos por usos y costumbres En Oaxaca, los usos y costumbres han llegado a ser sinónimo de las peores injusticias y violaciones a los derechos humanos, donde se han registrado linchamientos, encarcelamientos, tanto de civiles como de animales, despojos de tierras y destierros por profesar una religión distinta a la católica.
Oaxaca tiene 418 municipios que se rigen bajo el sistema de norma comunitarias o usos y costumbres. En los últimos tres años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tiene documentados 412 encarcelamientos, 107 despojos de tierras, 106 casos de abuso de autoridad y 47 casos de destierro.
Los casos por encarcelamiento se han registrado en los municipios de Santiago Atitlán, donde 24 familias fueron desterradas por profesar una religión distinta a la católica, En San Andrés Yaa, municipio que pertenece a la región de la sierra, la asamblea comunitaria acordó que el pastor Imeldo Amaya Gabriel debía abandonar la comunidad “al demostrar poca disposición de integrarse y cumplir los acuerdos y servicios que se toman en forma comunitaria”.
En San José Quianitas, perteneciente al municipio de Santa María Quiegolani, dos familias enteras fueron expulsadas de la comunidad por declararse testigos de Jehová, previamente les fueron suspendidos los servicios básicos, como el agua para obligarlos a dejar sus hogares. En Santiago Xanica, un hombre fue torturado y encarcelado por ser sorprendido robando un domicilio. En San Antonio Huitepec, una mujer, sus hijos y su padre fueron encarcelados y despojados de un terreno por no cumplir con el tequio comunitario.
El presidente de la DDHPO, Bernardo Rodríguez, precisó que por casos de detenciones arbitrarias en Oaxaca se tienen documentados más de 280 recomendaciones.
“De las mil 400 quejas en contra de autoridades municipales, una quinta parte tienen que ver con abusos de autoridad”, dijo.
