Como una desgracia para la humanidad fue catalogada por el diputado Horacio Sosa Villavicencio, promovente de la ley antipet, la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declaró la inconstitucionalidad de las fracciones XI (prohibición de botellas de PET) y XII (prohibición de envases de unicel), del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca.
La declaratoria de inconstitucionalidad fue a raíz de los amparos promovidos por Coca Cola-Femsa, a través de su embotelladora (Propimex) y su comercializadora Oxxo, quienes buscaban y lograron continuar con la distribución de productos en plásticos de un solo uso, las botellas de PET.
Sosa Villavicencio dijo que las ministras y los ministros actuaron con “miopía”, señalo que “tomaron la disposición oaxaqueña como si se tratase de manejo de residuos, cuando la prohibición se trató de una medida dirigida a prevenir la generación de residuos”, declaró.
En palabras del legislador la declaratoria de inconstitucional estuvo basada en los dictados de una ley neoliberal, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y no en el espíritu federalista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, maniatando y sometiendo a los Poderes Legislativos de las entidades federativas a los dictados del capital internacional.
Sosa Villavicencio señaló que las resoluciones del máximo tribunal afectan solamente dos fracciones de un artículo, de manera que el resto de las disposiciones del amplio paquete de reformas del 10 de abril de 2019 sigue siendo completamente vigente, y el gobierno del estado responsable de incumplir sus obligaciones constitucionales y de ley.
