Juan Jesús Garza y Javier Martín/Reforma
Lo decimos sin ninguna exageración, en los próximos días la Suprema Corte de Justicia entablará uno de los debates jurídicos más importantes de la historia constitucional de México.
A partir de dos proyectos presentados por la ministra Norma Piña y el ministro Luis María Aguilar, el máximo tribunal del país entrará a discutir la posibilidad de inaplicar una de las más aberrantes normas constitucionales, esto es, la que obliga a los jueces a dictar prisión preventiva oficiosa a quienes presuntamente hayan cometido alguno de los muchos delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución.
Y es que hay que recordar que la utilización de esta medida cautelar para encarcelar personas sin sentencia ha sido aprovechada de manera desproporcionada e indiscriminada bajo la falsa promesa de brindar seguridad y combatir la impunidad. El costo en términos de justicia ha sido enorme. Hoy las cárceles están repletas de presuntos culpables, de individuos que no tienen condena pero que están privados de su libertad.
Desde una perspectiva constitucional, la cuestión es por demás compleja. Por un lado, la Corte Interamericana ya ha dejado en claro que la prisión automática es violatoria del debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal. En caso de que una mayoría calificada de ministros y ministras decreten su inconstitucionalidad, miles de personas podrían beneficiarse de dichas sentencias (habrá que recordar que 4 de cada 10 personas están en la cárcel por esta vía).
Por el otro, la posibilidad de que la Suprema Corte pueda decretar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la Constitución implicaría un cambio mayúsculo en la relación entre los órganos democráticamente electos y la judicatura federal. De ahí que los próximos días resultan cruciales para que los proyectos se estudien y se genere un debate informado en torno a una cuestión medular que atañe al futuro de nuestra democracia constitucional.
Por eso mismo, las declaraciones del Presidente de la República no abonan para nada a tal cometido. Su actitud respecto a la prisión preventiva oficiosa ya raya entre la obstinación y el cinismo. En su afán por defender el catálogo de “delitos graves”, López Obrador enturbia la discusión, desinforma a la ciudadanía y permite que la retórica facilona sustituya al debate serio.
A pesar de que existe evidencia empírica que muestra la forma en que se usa perversamente esta medida, que los criterios internacionales son claros y que incluso el ministro Zaldívar -uno de sus más leales aliados en la Corte- se ha pronunciado en contra de la misma, López Obrador hace oídos sordos.
En vez de impulsar medidas orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento de las capacidades de las policías y las fiscalías, la administración obradorista, negándose a aceptar su estrategia fallida de seguridad, apela a la mano dura, la ley del mínimo esfuerzo y perpetúa el peor legado del populismo penal.
Y es que habrá que recordar que en este país los casos no los ganan los mejores argumentos, sino quienes tienen el dinero para pagar los mejores abogados. Las personas más pobres son las principales víctimas de la prisión preventiva oficiosa.
Por eso llama la atención el comunicado de la Consejera Jurídica y el Secretario de Gobernación. Se trata de un documento sin un solo argumento jurídico que miente burdamente al decir que la prisión automática es “fundamental” para evitar la fuga de los imputados y para proteger a las víctimas, como si todo no fuera posible con la prisión preventiva justificada. Y, por si fuera poco, llega al extremo de decir que la prisión automática es necesaria para proteger… ¡a todos los jueces del país!, como asumiendo de antemano el fracaso de todo sistema de justicia.
“Primero los pobres” fue una de las principales frases que enarboló el entonces candidato López Obrador en sus múltiples campañas presidenciales. Tristemente, parecería que dicha promesa en retrospectiva será una de las pocas cosas que cumpla a cabalidad.
Pero no por una cuestión de igualdad, ni mucho menos de justicia social, sino porque serán precisamente los pobres quienes pisen primero la cárcel, quienes sufran las consecuencias de una política de seguridad obstinada, irracional y arbitraria.
