Reforma
La agenda pública enfrenta un debate nacional de gran trascendencia sobre la prisión preventiva oficiosa. El caso de Daniel García y Reyes Alpízar ante la Corte Interamericana -dos mexicanos que pasaron más de 17 años en prisión preventiva- colocó en el centro de la discusión de los poderes del Estado la medida en posturas que evidencian que la vigencia del Estado de derecho se antepone y subordina al cálculo político.
Por principio Daniel García y Reyes Alpízar fueron víctimas de una desviación de poder del Grupo Atlacomulco en el Estado de México. Por décadas en México se ha utilizado el derecho penal como mecanismo de control político. Desafortunadamente esa práctica subsiste en la actualidad a pesar de la autonomía formal de las Fiscalías como se puso en evidencia en el caso de Alejandra Cuevas. La prisión preventiva oficiosa legaliza la arbitrariedad y el abuso de poder además de favorecer una inercia institucional en la que la ausencia de capacidades de investigación generación de pruebas funcionalidad de los servicios periciales y estrategias efectivas de enjuiciamiento se sustituyen con la detención automática que a largo plazo resulta en un pilar de la impunidad.
Debemos cuestionarnos ¿de qué nos sirve tener a una persona en detención por seis meses o dos años si al llegar al juicio será absuelta por la incapacidad de una Fiscalía? o más grave ¿qué se gana en términos de justicia con detener a una persona inocente uno o varios años? Hemos dado un poder inconmensurable a las Fiscalías para encarcelar a cualquier ciudadano.
Por otra parte es contradictoria la defensa de esta medida que surgió en 2008 con la constitucionalización de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo impulsada por el Presidente Calderón. A la distancia estas acciones no buscaron atender la inseguridad sino hacer de la militarización un mecanismo de legitimidad y gobernabilidad. Quince años después su principal crítico y opositor el Presidente López Obrador asume desde el Ejecutivo la defensa de la militarización y la prisión preventiva oficiosa como ejes de su política de seguridad a pesar de haberlas criticado por varios años.
Las administraciones federales han priorizado los niveles de aprobación gestionar la crisis de violencia y refrendar acuerdos de gobernabilidad con las fuerzas armadas que asumir la decisión de Estado de construir una política de seguridad que garantice verdad y justicia enfrente los enclaves de macrocriminalidad discutir la justicia transicional asumir la responsabilidad de los crímenes de la guerra sucia o las violaciones graves como la desaparición de personas tortura ejecuciones y otros delitos lacerantes como los feminicidios que no le dará dividendos políticos pero que debe sentar las bases para iniciar la ruta de salida de la crisis de violencia de los años recientes.
Por último los tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se aceleraron por factores externos. Apenas en junio pasado el perito del caso Tzompaxtle Tecpile Carlos Pelayo expuso ante la Corte Interamericana cifras de la Judicatura que revelaban que en 8 años no había un solo amparo concedido contra una orden de arraigo. En la audiencia del caso García Rodríguez los jueces cuestionaron al perito del Estado Arturo Bárcena por qué la Suprema Corte no había revisado la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en casi 15 años. Así el tema no fue prioritario hasta que la Suprema Corte fue alcanzada por el proceso internacional que revisa su responsabilidad por la jurisprudencia sobre restricciones constitucionales.
Hasta ahora en las decisiones sobre la prisión preventiva oficiosa la política se ha impuesto sobre el derecho. Es imperativo y urgente que la discusión de la Suprema Corte pero también en el Congreso de la Unión y la Presidencia superen los incentivos políticos y se asuman con visión institucional y responsabilidad de Estado.
El autor es coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla y abogado de las víctimas en el caso García Rodriguez y Reyes Alpízar vs México.
