El Universal
Ha cambiado tres veces de titular. A sus subsecretarios los han acusado de corrupción. A los directores generales los han removido por ineficientes. Le pusieron nuevo nombre, pero la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sigue siendo una dependencia fantasma a la que nadie presta atención porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la desahució: le quitó todos proyectos importantes, redujo al máximo su presupuesto y puso al frente a dos viejos amigos, a quienes relegó al estatus de “floreros”.
Antes de llegar al gobierno, López Obrador ya había condenado el futuro de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Javier Jiménez Espriú fue su primer titular y su gestión pasó inadvertida. Renunció en julio del 2020, luego de un año y siete meses en los que vio cómo el Ejército y la Marina se adjudicaban todos los proyectos de infraestructura relevantes del país. De entrada, el Presidente decidió que el Tren Maya estaría a cargo del Fonatur, que el Aeropuerto de Santa Lucía lo construiría la Sedena y que los puertos serían administrados por la Semar. Esto último fue la gota que derramó el vaso para la renuncia de Jiménez Espriú, quien se fue del gobierno echando pestes.
La llegada de Jorge Arganis tampoco generó muchas expectativas. El ingeniero por la UNAM se desempeñó previamente como director de la filial de Pemex PTI Desarrollo de Infraestructura, encargada de la refinería de Dos Bocas. Fue el encargado de otorgar al Grupo Huerta Madre, ligado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a su familia, un contrato para preparar los terrenos para la construcción de la refinería.
Una de las encomiendas de Arganis fue revisar la actuación de funcionarios de la SCT, como la del subsecretario de Infraestructura, Cédric Escalante, con quien se enfrentó durante varios meses porque lo vinculó con irregularidades que rayaban en la corrupción. Finalmente, en abril del año pasado fue removido y en su lugar entró Jorge Nuño, quien a su vez fue expulsado de la jefatura de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, pues su titular Rogelio Ramírez de la O también sospechaba de su relación con exfuncionarios panistas y priistas.
Jorge Nuño, sin embargo, tenía la confianza de López Obrador por la relación del presidente con su padre Jorge Nuño Jiménez, un coronel que fue secretario particular de Luis Echeverría y conoció a AMLO en sus inicios, en Tabasco, y luego en la Ciudad de México. Esa cercanía ha mantenido a Nuño firme en el gabinete, en puestos clave, pero de más bajo perfil, hasta que logró obtener el cargo de secretario.
Ayer se anunció que el titular de la SICT, Jorge Arganis, se separó del cargo por problemas de salud. A sus 79 años y tras dos contagios de Covid-19, el ingeniero optó por pedirle un tiempo a López Obrador, por lo que se anunció que Jorge Nuño será su relevo, como encargado de despacho.
Si bien Nuño logró sacar los dos primeros paquetes de inversión en infraestructura –un total de 68 obras que suman 530 mil millones de pesos–, muchos de estos no están funcionando o van retrasados. Esto es lo que tiene congelado el tercer paquete de proyectos, a pesar de que las cúpulas empresariales han insistido en que se anuncie ya. Ese es el principal reto para el nuevo encargado de despacho de la SICT.
Una de sus más recientes tareas fue renegociar, por órdenes del presidente, las concesiones de mantenimiento de 15 carreteras federales por su alto costo, a las cuales se destinaban 20 mil millones de pesos al año. El Presupuesto sólo contempla recursos por 8 mil millones para el mantenimiento de carreteras. Entre las empresas están Indi, Idinsa, Mota Engil, ICA, Prodmex, Sacyr, Hycsa, Azvi, Avanzia, Omega, Invectura y Hermes.
Más allá del tema carretero y los centros regionales de la SICT, el resto de la Secretaría se la entregaron a otras dependencias. Las telecomunicaciones las lleva hoy CFE Telecomm; los puertos y aeropuertos los operan las Fuerzas Armadas y entre algunas de las pocas tareas que aún tiene la SICT son en el Tren México-Toluca y Túnel Ferroviario del Portal Poniente al Oriente, ambos con observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Y el transporte aéreo, otro desastre: México perdió la categoría de seguridad aérea en mayo del 2021 y se detectaron problemas con el rediseño del espacio aéreo mexicano que estuvieron a punto de generar accidentes, lo que provocó la salida del subsecretario de Transporte, Carlos Morán, y del titular del Seneam, Víctor Hernández. A Morán lo mandaron a dirigir el aeropuerto capitalino, pero lo renunciaron a los pocos meses por su ineficiencia. El actual subsecretario de Transporte es Rogelio Jiménez Pons, el exdirector de Fonatur, quien salió de la dependencia porque le dijo al presidente que el Tren Maya no se podía terminar este sexenio.
Así las cosas, en la SICT, una Secretaría de las más importantes en gobiernos anteriores y que hoy es un fantasma… como si no existiera.
Posdata
La tregua de la gobernadora Layda Sansores con Alejandro Moreno durará lo que tenga que durar, es decir, el tiempo que el PRI le sirva a la 4T. Si es verdad lo que dice la dirigente morenista, que los audios y mensajes de Whatsapp se los entregaron personas cercanas al actual presidente del PRI, quiere decir que también están en manos de otros. Dos versiones corren sobre quién grabó algunos de los audios, además de la posible intervención directa de la que habría sido víctima Alejandro Moreno desde que era gobernador de Campeche. La primera dice que el mismo Alito grababa sus conversaciones privadas, al viejo estilo priista, para usarlas en el momento más conveniente contra sus adversarios o como método de presión para sus negociaciones. La segunda es que efectivamente fueron algunos de sus colaboradores a los que despidió de mala manera y quienes habrían entregado el material a sus verdugos.
Más demandas contra García Luna
Las tensiones que el gobierno de la 4T experimenta en materia de seguridad avivaron nuevas pesquisas contra el exsecretario Genaro García Luna, quien aún preso en los Estados Unidos podría enfrentar una nueva causa penal por ingresos no explicables de casi 28 millones de pesos durante su paso como funcionario del gobierno de Felipe Calderón.
Como corresponsables de estos delitos estarían una vez más sus exsocios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes al parecer apuntalan su defensa legal en el país con el despacho que representó en su momento a la francesa Florence Cassez, encabezado por el abogado Agustín Acosta Azcón.
