01 Oct. 2022
El jueves 18 de agosto, los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 fueron a Palacio Nacional, con sus representantes. Allí se reunieron con el Presidente, el secretario de la Defensa Nacional, el fiscal general, el de la unidad especializada en el caso, altos funcionarios de la Cancillería, Seguridad y Gobernación.
Fuentes que estuvieron allí me dijeron que Alejandro Encinas mostró a los padres una presentación con detalles del informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, el mismo que publiqué aquí la semana pasada. Encinas dijo que el gobierno había asumido el compromiso de decirles la verdad, por más dolorosa que fuera. Añadió que habían construido el informe basándose en chats y en análisis de comunicaciones. Mostró su cronología de aquellos 26 y 27 de septiembre, y los mensajes que utilizó la Comisión a su cargo.
La presentación, como el informe, contenía horribles detalles de cómo cree la Comisión que fueron asesinados los estudiantes y se ocultaron sus restos. Después, hablaron a los padres sobre la participación de los militares. Les mostraron más chats. Desde números telefónicos atribuidos a los criminales, había quejas de que un coronel del Ejército había recibido sobornos y no los protegía. Un capitán escribía a funcionarios municipales acerca de cómo los restos estarían seguros dentro del campo militar. Allí podrían “manipularlos a sus anchas. Luego verían dónde los echaban”. Los criminales, meses después, hablaban de cómo en la zona aún andaban “limpiando todo”.
Al terminar, Encinas anunció que el informe se haría público, porque la Comisión estaba abierta al escrutinio. Pero el informe se publicó testado. Entre lo que se borró están casi todas las menciones a la posible participación del Ejército.
El sábado pasado, Encinas dijo que debe investigarse quién me entregó una copia del informe sin testar. Fuentes judiciales me explicaron que no hay riesgo de que la filtración del informe dañe el debido proceso, porque no es un documento elaborado por la Fiscalía. Esta semana, me contactó una persona que dijo ser la hija de José Luis Abarca. Aseguró que ella no escribió los mensajes que se le atribuyen. El jueves, el Grupo de Expertos Independientes que asesora el caso (GIEI) dijo que están verificando la autenticidad de los mensajes. Otras fuentes me dijeron que ya se habían verificado. Reforma publicó que, según las intercepciones de la DEA, los criminales se comunicaban por Blackberry. Para la Comisión, lo hacían por WhatsApp. El GIEI señaló que esta aparente contradicción también debe analizarse. Ni los representantes de los padres ni el GIEI respondieron a mis solicitudes de entrevista.
Este informe, sin embargo, no es la única pista que llevó al Ejército en el caso Ayotzinapa. Otra fuente me dijo que, horas después de la presentación en Palacio Nacional, la persona que entregó la información y chats a la oficina de Encinas declaró en la Fiscalía del caso. Casi al mismo tiempo, esa Fiscalía liberaba decenas de órdenes de aprehensión a militares, que luego cancelaron, según sabemos por El País y Proceso. Las órdenes no tenían como base el documento de la Comisión, que acababa de presentarse, sino investigaciones que comenzaron en febrero de 2020.
Aquel mes, un testigo protegido identificado como “Juan” declaró detalles a la Fiscalía que coinciden, en muchos puntos, con los chats que presentó la Comisión. Obtuve una copia de la declaración de aquel testigo, que Reforma publicó en 2021. Allí dice que dos grupos de militares acompañaron a los criminales mientras escondían los restos de los jóvenes, que recibían sobornos de Guerreros Unidos y les vendían armas que decomisaban a grupos rivales.
Juan declaró que habían llevado a estudiantes al 27 Batallón de Infantería, para interrogarlos, y algunos habían muerto. En los meses después de aquella declaración, la Fiscalía recopiló más datos sobre el Ejército. Ahora, el caso está en manos de otros funcionarios, no de la Fiscalía especializada, que casi se ha desmantelado en las últimas semanas, según reportes de prensa.
Para miembros de alto rango del Ejército, a cuyas opiniones tuve acceso, el curso actual del caso Ayotzinapa es un doble juego del gobierno obradorista para presionar a los militares, luego protegerlos y que obedezcan, sin protestar, al Presidente.
@penileyramirez
