La 65 Legislatura local aprobó nueve reformas y 22 puntos de acuerdo en su primer año de ejercicio constitucional, para garantizar la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos en Oaxaca.
Destaca la modificación al artículo 411 del Código Penal del Estado para fortalecer y ampliar los elementos a considerar en el tipo penal del feminicidio, con el fin de garantizar que todas las investigaciones sobre los asesinatos de mujeres sean con perspectiva de género, y así asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas indirectas de los crímenes.
Entre los nuevos criterios a considerarse para que un asesinato de mujer sea investigado como feminicidio están el que haya existido una relación de amistad, laboral, docente, religiosa, institucional, o cualquier otra que implique un trato de subordinación o superioridad entre la víctima y el responsable del delito; así como el que a la víctima se le haya torturado, mutilado, quemado o decapitado, son algunas de las causas adicionales en la ley.
Todas las muertes violentas de una mujer, incluidas aquellas que en principio parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben investigarse como probable feminicidio; y cuando no se acredite este delito, se aplicarán las reglas del homicidio, señala la reforma al Código Penal.
Además de este cambio, resalta la modificación al artículo 412 Bis de este mismo Código para sancionar a quien discrimine por creencias religiosas o por razones de origen o pertenencia étnica en el estado.
Asimismo, la reforma hecha al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca para que la violación a los derechos humanos sea una causa de suspensión de mandato de los funcionarios municipales que incurran en ello en las comunidades.
Para garantizar también la impartición de justicia derivado de conflictos territoriales, el Pleno de la 65 Legislatura local avaló la creación del comité de coordinación para el cumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional sobre el caso de los límites de territorio entre Oaxaca y Chiapas, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De igual manera, el Parlamento autorizó 22 puntos de acuerdo mediante los cuales exhortó principalmente a la Fiscalía General del Estado a agilizar las investigaciones, garantizar la aplicación de la ley e impartición de justicia en los casos de feminicidios, homicidios, desaparición de mujeres y niñas, agresiones a periodistas, incluido el asesinato del profesionista Hebert López Vásquez; en el caso de la joven hallada muerta dentro de la cárcel municipal de Salina Cruz.
En los asuntos de despojo de inmuebles y daños a oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
También, llamados a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y a autoridades municipales para garantizar la capacitación a elementos de la Policía Municipal, a fin de que sus actuaciones policiales sean con perspectiva de género y con respeto a los derechos humanos.
