Alfredo Martínez de Aguilar
En la Agenda de Riesgos del Estado de Oaxaca seguramente se prevé atender con prioridad “Triple A” los conflictos agrarios y político-electorales que proliferan en los municipios indígenas de las diversas regiones de la entidad.
El panorama es sombrío a grado tal que, sin alarmismo, el latente conflicto agrario entre San Vicente Coatlán y la Villa de Sola de Vega seguirá impidiendo concluir los trabajos de construcción de la supercarretera a la Costa.
Pero el mayor problema a enfrentar durante los seis años del Gobierno de la llamada Primavera Oaxaqueña será la radicalización de la nueva dirigencia de la Sección XXII del SNTE-CNTE, como lo han puesto de manifiesto.
Los intereses políticos nacionales que manipulan a los trabajadores de la educación volverán a utilizar a la maestra indígena Yenny Aracely Pérez Martínez, como lo hicieron durante el prefabricado conflicto de 2006.
En una maniobra genialmente perversa se impuso a la maestra mixe ayuuk, originaria del municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo, y enfrentarla al Gobernador indígena. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo.
Para los funcionarios federales y estatales que participan en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, no es desconocido que la mayoría de los conflictos en Oaxaca son prefabricados.
Tampoco ignoran los jefes militares y policíacos que en muchos casos los supuestos conflictos agrarios y político-electorales en los pueblos, comunidades y municipios indígenas, son auspiciados por el crimen organizado.
Aun cuando el naciente Gobierno de Salomón Jara Cruz arrancó con el pie derecho liberar los portales del Palacio de Gobierno de los puestos de los supuestos desplazados triquis y el Zócalo, los conflictos indígenas persisten.
Otro logro importante del Gobernador fue acordar personalmente con la Nación Triqui, en Constancia del Rosario, trabajar por la unión, paz y desarrollo para sus pueblos, al reconocer la disposición y voluntad política de sus líderes.
En la comunidad de Santa Cruz Río Venado se anunció la reinstalación de las mesas de paz con justicia y bienestar, y Salomón Jara se comprometió a gestionar ante el gobierno federal un hospital en beneficio de más de 25 comunidades triquis.
Asimismo, las gestiones de la Secretaría de Gobierno logró la liberación de dos ex autoridades de la pasada administración municipal en San Andrés Yaá, Villa Alta, privados de su libertad desde el 26 de noviembre.
Sin embargo, uno de los conflictos indígenas más álgidos es el de San Martín Peras, Juxtlahuaca, convertido en pueblo sin ley. Ayer mujeres con AK-47 “cuernos de chivo” retuvieron a personal de la Secretaría de Bienestar que laboraba en la comunidad.
La acción es una medida más de presión para que el Gobernador Salomón Jara Cruz atienda las exigencias del pueblo. Ayer se cumplieron cinco días del encarcelamiento de la esposa y suegra del edil de San Martín Peras, Román Juárez Cruz.
La acción de presión tiene como objetivo exigir nuevas elecciones y entrega de cuentas de la actual administración de ese municipio de la Mixteca de Oaxaca, reclamo que ha generado una crisis político-administrativa en ese municipio.
Marcelina Vega, de 50 años, y Guadalupe Ortiz Salvador, de 72 años, fueron detenidas en su domicilio la noche del sábado y recluidas en los separos municipales por un grupo inconforme con la falta de rendición de cuentas y transparencia de la administración de Román Juárez.
