Alfredo Martínez de Aguilar
Para no implicarse en la corrupción al solaparla, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Eduardo Pinacho Sánchez, reconoció que esta existe en el Poder Judicial, al rendir su Tercer Informe de Actividades.
“Lo hemos dicho en otras ocasiones, reiteró categórico ante el Gobernador Salomón Jara, la corrupción es detestable en cualquier instancia, pero lo es más cuando corroe las entrañas de la justicia. Sin duda, debemos expulsar a servidores públicos que deshonran esta institución”.
Ratificó su compromiso “que se tenga la certeza que hemos empeñado nuestros esfuerzos en combatirla y, por ello, en este periodo cesamos a 6 secretarios de acuerdos, 2 actuarios, 3 oficiales administrativos, y una jueza se encuentra en proceso de investigación”.
Al hacer un recuento de logros, desafíos y pendientes, dijo que al asumir el cargo en enero de 2020, tuvo que reconocer el estancamiento en que se encontraba el Poder Judicial del Estado con logros limitados para un Estado que históricamente ha sido precursor en instituciones jurídicas.
Pinacho Sánchez refirió que los proyectos más relevantes de las últimas décadas podían reducirse a dos: La implementación del sistema acusatorio penal en 2007 y el inicio de la construcción de 9 Centros de Justicia, de los cuales, 5 estaban inconclusos y fuera de operación.
“En ese entonces, el Poder Judicial del Estado constituía una institución anclada en el tiempo, inestable, que funcionaba aletargada y rutinaria, regida por criterios y estructuras arraigadas tradicionalmente. No obstante, poca o nula reacción hubo frente a esa problemática. La omisión resultaba intolerable”.
Hoy, en el país se preguntan “qué estamos haciendo en Oaxaca, tomándose como modelo o referencia programática en temas como el sistema acusatorio penal, Justicia Indígena, justicia constitucional, formación y capacitación de jueces. Vamos en la ruta correcta en el propósito de transformación”.
Por eso puede afirmar, “en Oaxaca estamos sentando las bases para garantizar la vitalidad de la Constitución y la eficacia de su garantía. Existen evidencias empíricas que así lo demuestran, los cuales están al juicio de la historia y yo estoy dispuesto a responder por ellas”.
Oaxaca tiene el primer edificio resiliente en el país, el único para Escuela Judicial con tecnología antisísmica en el sector público y será el segundo Estado con un laboratorio de genética molecular, necesaria para el respeto y protección del derecho a la identidad de las niñas y los niños, que se hace valer en los juicios de paternidad.
La dilación de los procesos, particularmente en materia penal, señaló, se debe en mucho al reducido número de Salas de audiencia. Al concluirse las obras de los cuatros nuevos juzgados laborales, dimos un salto cuantitativo, de solo 30 Salas de audiencia existentes en el 2019.
Ahora, disponen de 61 Salas, esto significa, en solo 3 años duplicaros el número de Salas de audiencia, lo cual ha permitido desahogar, en ese propio lapso de tiempo, 18,240 audiencias en los diversos juzgados del Estado. No obstante, continúan siendo insuficientes.
Agradeció al Gobernador su apoyo, “su visión de transformar Oaxaca, espontáneamente le impulsó girar las instrucciones pertinentes para el financiamiento de los proyectos que se encuentran en proceso, porque con ellos, lo que también perseguimos es transformar el Poder Judicial del Estado”.
A la diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, y al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva, agradeció la disposición y apertura que han mostrado para la materialización de las iniciativas que en su momento se plantearon para el propio efecto.
“Hoy, Oaxaca vive un momento histórico disruptivo, con un gobierno nuevo que busca la transformación de Oaxaca, subrayó. El Poder Judicial del Estado se suma a ese proyecto porque concuerda con los fines que subyacen en los proyectos y las acciones que venimos realizando en los últimos tres años”.
Los positivos logros que ha conseguido el Magistrado Pinacho Sánchez y que han convertido a Oaxaca en el modelo y punto de referencia para Poderes Judiciales de otros estados de la República Mexicana, se empañan por la probable corrupción de Jueces y Magistrados.
Las Juezas de Control de Ejutla de Crespo, Mónica Alejandra Ramírez Reyes y Luz María Soto Jiménez, han protegido al autor intelectual, Gabino N., y materiales, I. M. V., alias “El Tatuado” y P. D. G., alias “El Licenciado”, del asesinato de la profesora Rosa Isela Leyva Mendoza y de su tía Antonia Bernarda Ramírez Díaz, en febrero de 2021.
Ambas Juezas son protegidas y amparadas del Magistrado Gerardo Adelfo Castillo Carmona. Operan como delincuencia organizada desde el despacho Abogados Penalistas de Oaxaca, de su sobrino Erik Carmona López, esposo de la Jueza Ramírez Reyes, y de Gerardo Castellanos Reyes.
La Juez Soto Jiménez, libró orden de aprehensión en contra de Gabino N., como autor intelectual del asesinato de la profesora y periodista Rosa Isela Leyva Mendoza y de su tía Antonia Bernarda Ramírez Díaz en febrero de 2021, bajo la causa penal 155/2021.
La misma juez aceptó la comparecencia voluntaria del imputado Gabino N., el pasado sábado 19 de noviembre de 2022, citando con diez minutos de antelación a los abogados de las víctimas para que al final resolviera la no vinculación a proceso “por falta de elementos”.
Es decir, la misma Juez de Control que libró la orden de aprehensión en contra del probable autor intelectual del asesinato es la misma que la dejó sin efecto, algo totalmente inaudito jurídicamente, lo que generó la sospecha de corrupción al favorecer de manera evidente al imputado.
La Juez Soto Jiménez fue exhibida en redes sociales por la “relación” que sostiene con el abogado de los imputados, Emmanuel Cabrera Rodríguez, socio del controvertido despacho Abogados Penalistas de Oaxaca, que dirige el sobrino del magistrado Gerardo Carmona Castillo.
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