Alfredo Martínez de Aguilar
La impunidad en la desaparición forzada de la activista mexicobritánica Claudia Uruchurtu Cruz por complicidad de la jueza de Huajuapan de León, María Teresa Quevedo Sánchez, escaló por segunda ocasión a nivel nacional.
Lizbeth Victoria Huerta, ex edil de Nochixtlán, estará cuatro años y dos meses en la cárcel, al eximirla la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de participar en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, y responsabilizarle por obstrucción en la búsqueda de la víctima.
En dos semanas del Gobierno de Salomón Jara Cruz es la segunda crisis innecesaria que enfrenta su administración con la agravante que, además de convertirse en un escándalo nacional, provocará un conflicto diplomático a México con el Gobierno de Gran Bretaña.
La sentencia de la jueza de Huajuapan de León, María Teresa Quevedo Sánchez, deja muy mal parado al Gobierno de Oaxaca en general y de manera particular al Tribunal Superior de Justicia del Estado y obliga al Consejo de la Judicatura a iniciar una investigación contra la jueza.
A lo largo de su desempeño, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez ha sido objeto de diversas investigaciones por incurrir en la presunta comisión de responsabilidades, como ocurrió en 2016 al encontrarse adscrita al Juzgado de Garantías del Distrito Judicial de Pochutla.
La probable corrupción de Jueces y Magistrados empañan los positivos logros que ha conseguido el Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez y que han convertido a Oaxaca en el modelo y punto de referencia para Poderes Judiciales de otros estados de la República Mexicana.
El gozo de la familia de Claudia Uruchurtu Cruz por el fallo histórico en Oaxaca al condenar la jueza el pasado 8 de diciembre a la exalcaldesa por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu finalmente se fue al pozo ayer al reclasificarse el delito.
Luego de la audiencia, Haydeé Uruchurtu, hermana de la víctima, aseguró que con el fallo condenatorio “se abre un nuevo capítulo de esperanza para las más de 106 mil familias que siguen luchando por el acceso a la justicia y a la verdad, y por encontrar a sus desaparecidos”.
La noche del 26 de marzo de 2021, la activista mexicobritánica Claudia Uruchurtu Cruz participó en una manifestación en la plaza central, al terminar, hombres desconocidos, vinculados a la presidenta municipal de Nochixtlán la forzaron a subir a una camioneta.
Desde entonces, la activista, que había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal durante la administración de Victoria Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo, continúa desaparecida.
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México denunció en víspera de la consumación por la jueza del cambio de delito imputado a la exedil morenista de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y otras cuatro personas.
Durante la mañanera del pasado miércoles, el funcionario federal exhibió a la jueza a cargo del caso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se hallaron culpables a cuatro personas, incluida la expresidenta municipal.
Ricardo Mejía Berdeja explicó que la juez intentaba cambiar el delito de desaparición forzada, por desaparición de personas, a fin de reducir la sentencia de la exedil morenista de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, señalada como la principal responsable del delito.
De cambiarse la tipificación del mismo para reducir la condena en el caso Uruchurtu, la jueza participaría en un acto de impunidad, expresó Mejía Berdeja, pues ya se encontró culpable a los exfuncionarios por desaparición forzada.
En mayo de 2021, la entonces edil fue aprehendida, junto con otras tres personas que laboraban en el ayuntamiento, por su presunta responsabilidad en la desaparición de la activista, quien fue vista por última vez a las afueras del palacio municipal tras participar en una protesta contra la munícipe.
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