Uriel Pérez García
Dentro de las variadas frases o “dichos” que existen en términos negativos y que caracterizan a la cultura mexicana se encuentra aquella que expresa que “el que no transa no avanza”, situación que desafortunadamente no solo se encuentra enraizada en el ámbito privado, sino que también es avalado en el terreno de las instituciones, siendo esta expresión la semilla de la corrupción; consideraciones que se actualizan con el caso polémico de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel.
En el plano personal, privado, se encuentra sin duda en primer lugar el campo de acción de la moral y la ética que debiera ser la regla y no la excepción en el desempeño de cualquier actividad que implique todo tipo de relación social, más aún en el aspecto profesional y máxime cuando se trata de una actividad que reviste importancia en el ámbito público.
En muchos países que presumen de altos estándares de desarrollo democrático es hasta cierto punto común que desde funcionariado de cargos menores hasta primeros ministros o jefes de Estado presenten de forma inmediata su renuncia cuando algún escándalo mediático o cuestionamiento pone en duda la probidad y calidad moral en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, no solo resultó vergonzosa la manera en que se atacó políticamente a quien aspiraba a presidir el Máximo Tribunal, sino peor aún resultaron los malabares discursivos de la propia ministra y de quien fuera su asesora de tesis para quitarse el golpe ante la opinión pública, por lo que en un momento se presumía como embate político el posible plagio de la tesis que le permitió obtener el grado de licenciada en derecho por la UNAM.
No obstante una vez que esta universidad confirmó que efectivamente hubo plagio de la tesis, se suscitó lo que bien merece llamarse total desfachatez por parte de la ministra quien señaló a los medios que no solo rechaza el dictamen del Comité de Integridad de la Facultad de Estudios Superiores, sino que además afirmó que no dejará el cargo.
Por otra parte en el plano institucional se dan una serie de titubeos que solo son justificados para evitar lo “políticamente incorrecto”, sin efectuar las acciones que dentro del ámbito de competencia debieran ejecutarse ante una situación que no es mínima y que obliga a revisar si efectivamente se cumplen con los estándares de calidad para que un estudiante pueda obtener la licencia que le permita ejercer su profesión.
En este mismo sentido quedan en entredicho además de la UNAM y la Fiscalía de la Ciudad de México que intentó salvar a la ministra en cuestión, los propios poderes Ejecutivo y Legislativo que tienen dentro del ámbito de su responsabilidad, avalar perfiles con los requisitos básicos de probidad académica, profesional y la idoneidad para cargos en los que se requiere además de buena reputación y calidad moral.
Lo grave de la situación demuestra que la corrupción en las instituciones trasciende a una sociedad que normaliza este tipo de situaciones, desde aquella persona que obtiene de manera tramposa su licencia para conducir, práctica muy común, hasta aquellos que obtienen la licencia para ejercer en el campo de la medicina: en ambos casos el bien más valioso como es la vida se pone en riesgo.
El sistema de justicia en Mexico tiene grandes pendientes que atender para disminuir la enorme brecha de desigualdades entre quienes esperan que el Estado realice su función de garantizar la aplicación de la ley, mientras del otro lado el poder económico y de relaciones políticas otorga garantías de intocables a otros. Aquí es donde la rectitud de las juezas y jueces que tienen el deber de impartir justicia debe ser el punto de partida para mejorar un sistema deficiente.
La oportunidad está no solo en la exigencia social para evitar reproducir la transa y el engaño, como un medio efectivo para la consecución de un fin, sino también para hacer los ajustes legales que permitan sancionar a quienes realicen trampa. No se puede tolerar que la SCJN tenga perfiles cuestionables ética y profesionalmente dentro de quienes deben garantizar la protección y aplicación de la Carta Magna en Mexico.
La UNAM tiene la responsabilidad de ejercer mano dura y no proteger, avalar e institucionalizar el engaño, pero también es responsabilidad de las demás instituciones apostar por la cultura de la legalidad y honestidad, actuando en consecuencia desde sus ámbitos de competencia, es la oportunidad de demostrar la verdadera voluntad de combatir la corrupción.
