Moisés MOLINA*

Ahora que ha llegado una nueva condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano y en continuidad a mi columna anterior comparto la ideas centrales de otro ensayo que trabajé para nuestra Maestría en Derechos Judicial con el mismo afán de que el conocimiento científico se comunique de manera clara y sencilla a la sociedad.

En otro de sus textos, el Dr. Mario Álvarez Ledesma desarrolla una aproximación a la situación de los derechos humanos en nuestro país a partir de sus condiciones prácticas de realización, lo que en la teoría de los Derechos Humanos se llama “presupuestos funcionales”.

El aproach inicia con las 5 ventajas del enfoque teórico-funcional de los derechos humanos como una teoría de la justicia:

1 Conjura el emocionalismo y la actitud fundamentalista hacia ellos a través de una visión técnica.

2 Les impone alcances y límites para desterrar la idea de que su sola presencia en las sociedades e incluso en la Constitución y las leyes garantiza su realización.

3 Permite distinguir entre teorías de los derechos humanos (individualistas per se) y formulaciones sobre la justicia incompatibles como el colectivismo o el comunitarismo (como ya vimos, muy presentes en los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca).

4 Define el carácter instrumental de los derechos humanos y advierte sobre su posible manipulación en el discurso político; y

5 Deslinda las soluciones de justicia exclusivas de los derechos humanos, de las de otras formulaciones éticas.

Sobre la advertencia de que la teoría de la justicia basada en derechos humanos no es la única teoría de la justicia y de que aquellos no son un conjunto de verdades morales incontestables, el autor pormenoriza una de sus aristas más debatiblesy y problemáticas: la de sus condiciones fácticas.

A los 4 presupuestos fácticos desarrollados en nuestra primera lectura, Álvarez Ledesma agrega uno más: “El estado que guarda la educación y la cultura cívica de la población”.

Después de un análisis más detallado sobre los presupuestos teóricos que distinguen las teorías de la justicia deontológicas (en atención a la esencia) de las teleológicas (en atención a su finalidad), los llamados presupuestos funcionales de los derechos humanos se miden y califican con datos duros de instituciones autorizadas y reconocidas, y se llega a la triste pero inevitable conclusión de que al menos en el corto y mediano plazo -en que es imposible un cambio estructural- el respeto a los derechos humanos y la calidad de vida de las personas mexicanas se seguirá deteriorando o, en el mejor de los casos, sufrirá un estancamiento.

Los argumentos para esta conclusión se sistematizan en cómo operan en México los 5 presupuestos funcionales propuestos por el autor:

La democracia mexicana está dominada por la partidocracia que se representa así misma y obedece siempre a sus propios intereses relacionados con el reparto de poder y las prebendas para sus nomenclaturas.

La consecuencia natural es un déficit de representación y cada vez menores niveles de participación ciudadana al momento de ejercer el único derecho político que en la práctica tiene: el derecho al voto.

Por ello los representantes populares tienen cada vez menos legitimidad porque son electos por cada vez menos ciudadanos. Por si fuera poco, nuestra democracia es cara y el INE, hoy bajo asedio, no ha estado siempre exento del control de la partidocracia.

El Estado de Derecho, entendido como un Estado de leyes donde se decide con base en normas jurídicas y por encima de poderes fácticos, también es débil.

De cada 100 delitos cometidos se denuncian 7 y se condena uno.

El acceso a la justicia es elitista y las denuncias son trámites percibidos como inútiles y costosos; accede a ella quien puede pagarla. Por ello las víctimas no denuncian.

Vivimos anclados en la idea de que la constante reforma a nuestras leyes basta por sí sola para mejorar las cosas.

Y las pocas iniciativas de reformas estructurales benignas son canceladas por sindicatos, grupos sociales o poderes fácticos.

En materia penal, la reforma de 2008 y el cambio de paradigma fueron ofrecidos en el discurso político como la panacea, cuando en realidad debió hacerse comprender que sus objetivos eran elevar la calidad de la justicia, disminuir la discrecionalidad de los jueces, asegurar el debido proceso, revertir la sobrepoblación carcelaria, y reducir los tiempos de los juicios.

La justicia civil sigue siendo tardada, cara e ineficaz. En materia mercantil el parámetro es nuestro último lugar como país en competitividad para la OCDE.

Nuestro sistema de reinserción social no funciona y las cárceles con graves problemas de hacinamiento y corrupción son auténticas escuelas del crimen.

En materia económica, año con año crecemos menos de lo estimado y muy por debajo de lo necesario para satisfacer los déficits de desarrollo y generación de empleos. La gente vive permanentemente con la sensación de un poder adquisitivo disminuido.

Y somos un país con la mitad de nuestra población en pobreza y 10 mexicanos que figuran en la lista de los más ricos del mundo.

México vive en medio de un déficit de ciudadanía. La apatía ciudadana es grande y no hay interés en informarse y organizarse.

La discriminación y la intolerancia hacen de las personas indígenas y de bajos recursos económicos ciudadanos de segunda. La violencia familiar hace de mujeres y niños sus víctimas predilectas.

En materia de educación y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación no estamos mejor.

México se sigue rezagando. En matemáticas estamos dos grados de escolaridad por debajo del promedio de la OCDE. La mitad de los jóvenes de entre 15 y 19 años no están matriculados; y en los de 20 años ese porcentaje disminuye hasta el 30 por ciento en educación media superior y superior. 2 de cada 10 jóvenes adultos no estudian ni trabajan, y 3 de cada 10 mujeres jóvenes están en esa condición.

Solo el 45 por ciento de los hogares dispone de una computadora, y menos del 40 por ciento de los mexicanos tienen acceso a internet.

Para cualquier jurista es incómodo reconocer que México vive en una permanente crisis de derechos humanos de la que no se ve salida.

La más reciente medición internacional del Estado de Derecho realizada por el World Justice Project confirma la tendencia deficitaria de uno de nuestros presupuestos funcionales que es consecuencia o causa de los otros.

Y en Oaxaca el panorama es aún más complejo y complicado. Somos una entidad federativa con 420 municipios que practican la democracia directa y en los que la autoridad máxima es la “asamblea”.

En Oaxaca el 40 por ciento de la población es hablante de una lengua indígena y su orografía hace difícil la conectividad terrestre y electrónica.

En Oaxaca la teoría de los derechos humanos presenta más y mayores desafíos que en cualquier otra parte del país, desde sus presupuestos teóricos.

Aquí el individualismo y el comunitarismo coexisten y tienen que armonizarse en aras de la convivencia pacífica. “¿Cómo hacerlo?” es la pregunta que a la fecha está generando nuevos desarrollos.