Alfredo Martínez de Aguilar
Salomón Jara Cruz inició el Gobierno de La Primavera Oaxaqueña con el pie derecho al lograr un rotundo éxito con el retiro de los indígenas triquis de los portales del Palacio de Gobierno.
Bajo las medidas cautelares de desplazados, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lucraron por 12 largos años, rentando los espacios y vendiendo droga.
Lo hicieron, gracias a la complicidad del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, creada ex profeso por la Sosa Nostra a Arturo de Jesús Peimbert Calvo.
La positiva decisión del naciente Gobierno de devolver al pueblo el emblemático espacio público del Zócalo reforzó el reconocimiento unánime de tirios y troyanos en todos los sectores sociales.
No obstante, el éxito del arranque de La Primavera Oaxaqueña pronto se vio empañado por el nombramiento de servidores públicos sin el perfil profesional ni la experiencia requerida.
Al mejor estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se privilegió 90 por ciento de lealtad y trayectoria política de trabajo por la causa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Después de trabajar por la gobernación de Oaxaca por 30 años, Salomón Jara Cruz no tiene derecho a fallar, como se lo recordó el presidente AMLO. Está obligado social e históricamente a hacerlo.
Sin el pretexto de no ceder a presiones, a diferencia de gobernadores anteriores, es de resaltar la positiva actitud de Salomón Jara de escuchar las críticas contra sus colaboradores para gobernar obedeciendo.
De sentar carta de naturalización y convertirse en política pública que caracterice a La Primavera Oaxaqueña, el Gobernador inició en su gabinete lo que bien puede considerarse “Operación Escoba”.
En un gesto poco común entre los gobernantes y servidores públicos mexicanos, Salomón Jara ordenó cortar las dos primeras cabezas en los dos primeros meses de su administración estatal.
Es un imperativo que el Mandatario Estatal eleve la mira para que el combate a la corrupción e ineptitud no se reduzca a atrapar simples “charalitos”, sino que ordene cortar la cabeza a los “tiburones” en su gabinete.
Tras la andanada de críticas en los medios de comunicación y redes sociales, entre otras la nuestra, rodó la cabeza de Francisco Rafael Reyes Velázquez en la Secretaría de Seguridad Pública.
El dispendio de Reyes contradijo la austeridad en la SSPC, amén de aprovechar la inexperiencia del Capi Iván García Álvarez, para imponer a su novia Marisol Nolasco, como responsable de finanzas.
Trascendió que buscaba imponerla como Oficial Mayor en la SSPC. Como jefa de departamento, Marisol Nolasco era la responsable de manejar el bono de Remuneración al Desempeño Laboral (RDL).
Según se denuncia en redes sociales, aprovechó el puesto de jefa de departamento para asignarse cerca de 100 mil pesos mensuales de bono. Ahora está aliada con la ex secretaria de Gabriel Cué.
¿Insistimos, instruirá el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla al Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, investigar estos probables actos de corrupción en Seguridad Pública?
El miércoles rodó la cabeza de Reyes Velázquez y al día siguiente, jueves, la de Karina Ángeles Morales en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca.
El nombramiento como directora de CORETURO de la ex consejera electoral fue acremente criticado al estar inhabilitada para ocupar un cargo público por desviar recursos en el IEEPCO.
Pese a su berrinche de negarse a renunciar por el apoyo sentimental familiar, finalmente Karina Ángeles Morales, se vio obligada a renunciar ante la advertencia de ser cesada públicamente.
¿Ante la lista de funcionarios susceptibles de ser renunciados por corruptos o ineptos, obligado es preguntar quién sigue, acaso, Alejandro Tejada Morales al frente de la PABIC? Tiempo al tiempo.
@efektoaguila
