La Jornada
Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar “rumores” sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel de Sinaloa, declaró un testigo cooperante, quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos.
Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, se presentó ayer en el juicio de García Luna. Contó que, junto con Moreira, en un viaje oficial a la Ciudad de México en 2009, vieron por segunda ocasión al titular de Seguridad Pública.
Según la declaración, en ese encuentro García Luna preguntó al gobernador si conocía a personas en El Universal, ya que le preocupaba que circularan en algunos medios “rumores de que había sido secuestrado” y que “estaba relacionado con algunas gentes del cártel”.
Moreira, afirmó el testigo, le respondió a García Luna que “era muy buen amigo del dueño” del rotativo y que “lo acercaría” con él “sin ningún problema”.
El dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, era “compadre” de Moreira, declaró Villarreal. Añadió que él y su jefe lo habían visto varias veces, tanto en la capital como en Saltillo.
El testigo aseguró que llegaron a un acuerdo por el que se le pagarían 25 millones de pesos mensuales al diario, para contrarrestar las versiones de otros medios de que García Luna estaba relacionado con el narcotráfico y para reportar que “la Secretaría de Seguridad Pública hacía un buen trabajo para el gobierno y para la ciudadanía”.
Dinero en maletas
El testigo indicó que fue enviado a México por Moreira para ayudar en la entrega de uno de los pagos. Contó cómo acompañó a Sergio Montaño, un asistente de García Luna, a las oficinas de El Universal, para cerrar el trato. Montaño llegó con una pequeña maleta llena de efectivo e informó que el resto del pago estaba en la camioneta en la que iban.
Villarreal, bajo la guía de interrogatorio por la fiscal Erin Reid, informó que en una ocasión se usaron fondos del estado de Coahuila para completar un pago al rotativo a nombre de García Luna, después de que el secretario les solicitó ayuda en el trámite.
“Yo di las instrucciones” para pagar 10 millones de pesos y para que se elaborara una factura que no se registrara en las cuentas oficiales, relató el declarante.
Expuso que él mismo había guardado en una caja facturas “inconsistentes” como ésa, un documento que fue mostrado al jurado en la corte.
La factura dice que el destinatario es “El Universal Compañía Periodística Nacional”. El concepto es “publicidad de campaña de rescate del turismo 2009” y está fechada el 24 de junio de 2009 por el monto de 11 millones 500 mil pesos.
Preguntado por qué el total era más alto que los 10 millones que se solicitaron, explicó: “Los 1.5 millones es de impuestos que se aplican en México”.
Otras reuniones
La fiscal le preguntó si había visto a García Luna en otras ocasiones y Villarreal contestó que él y su jefe fueron a un departamento “de lujo en el penthouse” de un edificio en Santa Fe, en la capital, donde se reunieron varios hasta la madrugada. Ahí (el ex funcionario) le agradeció a Moreira “porque todo estaba funcionando bien”.
En otra ocasión, sostuvo Villarreal, llevó a su jefe a una casa de García Luna en Cuernavaca, “porque le iba dar un ride por helicóptero” al gobernador.
La primera vez que Moreira y Villarreal se vieron con García Luna, contó el testigo, fue en 2008, cuando fueron a México a solicitar fondos para programas de seguridad pública en Coahuila.
La segunda ocasión fue cuando García Luna los invitó a recorrer un edificio de alta seguridad, conocido como El Búnker, donde les mostraron la recolección de inteligencia de todos los estados en tiempo real y el monitoreo e intervención de comunicaciones celulares con el programa Pegasus.
Interrogado si compraron el programa, Villarreal señaló que no. “No queríamos que nos estuvieran escuchando a todos los que estábamos en el gobierno”. Aseveró que fue al concluir esa segunda visita que García Luna les pidió ayuda en la relación con El Universal.
Trama en Coahuila
Villarreal comenzó su declaración identificándose primero como ex subsecretario de Presupuesto y después secretario de Finanzas de Coahuila a partir de 2005, por nombramientos del gobernador Moreira.
Agregó que ahora es un testigo cooperante, que espera sentencia en Texas. Se entregó a las autoridades estadunidenses en 2014, llevando sólo su caja de facturas y un servidor lleno de datos. Se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero ese mismo año. Quedó libre bajo fianza y llegó a un acuerdo de cooperación con los fiscales estadunidenses.
Describió los delitos financieros que cometió junto con su jefe, el gobernador Moreira, a través de comisiones ilícitas y sobrefacturación de obras públicas en el estado, y que el esquema de corrupción generó unos 200 millones de dólares entre 2006 y 2011.
Moreira se quedó con unos 40 millones y Villarreal y otros siete colaboradores ganaron 2.5 millones cada uno, indicó el testigo. Añadió que los beneficiados gastaron sus ganancias en la compra de propiedades, como casas en Cuernavaca o en la playa. Confesó que tenía pequeños centros comerciales, inmuebles y un Mercedes McLaren, entre otras inversiones.
El testigo informó que también compraron medios e “hicimos pagos a muchos medios”, tanto del estado como a nivel nacional, con el propósito de “tener una mejor imagen”, hacer favores a quienes apoyaban y “perjudicar” a otros.
Interrogado sobre qué hizo después de la conclusión del periodo del gobernador, Villarreal recordó que fue asesor de Moreira cuando era presidente del PRI.
Casi al final, Villarreal fue preguntado si conocía a Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit. Respondió que conoció al jefe del mencionado, el gobernador Roberto Sandoval, en 2011.
Veytia ha sido señalado como posible testigo en este juicio.
Embajador en el banquillo
En este octavo día de audiencias con testigos y presentación de evidencias en el juicio de García Luna, el último declarante fue Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.
El diplomático testificó que conocía al acusado y que había participado en entre 10 y 20 reuniones con él, incluso varias con delegaciones de funcionarios y políticos estadunidenses que visitaban México, interesados en los avances en la cooperación sobre seguridad.
Fue preguntado sobre la peculiar manera de hablar del acusado, aparentemente para demostrar que las reuniones con altos funcionarios estadunidenses con el entonces secretario de Seguridad Pública eran rutinarias.
