La Jornada
Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.
Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.
Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos” como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.
Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.
Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades
Gómez dijo que en México existen procesos penales que siguen su curso, que abarca peculados y contrataciones indebidas cometidas mediante redes de corrupción encabezados por García Luna durante 20 años. Incluyendo dentro de estos, los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público.
El funcionario explicó que el gobierno mexicano ha bloqueado cuentas de García Luna por un monto de 29 millones de dólares, producto de esta trama de corrupción, pero en la mayor parte las empresas y las personas involucradas prácticamente no tenían recursos en cuentas dentro del sistema financiero mexicano.
Detalló que hay diez empresas ligadas a García Luna que tienen cuentas bloqueadas en México por un monto de apenas 4.5 millones de pesos, pero que evidencian la trama de cómo se llevaban el dinero a Barbados y a Florida.
También hay en lo individual una serie de personas bloqueadas en relación con esta trama de corrupción por montos de algunos millones de pesos pero no en los niveles de lo que fue hurtado a México. “Quiero dejar este asunto, estamos esperando que se resuelva un recurso que presentaron los abogados de García Luna y empresas con el propósito que se inicie el juicio, se integre el jurado y se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”, dijo.
