ERNESTO REYES
Larga es la historia de la violencia en la zona triqui de Oaxaca. Difícil de cuantificar el número de muertes, lesionados, viudas y huérfanos que se calculan por cientos. Por ello, el gobierno de la primavera oaxaqueña deberá tomar en cuenta el contexto social y político de dicha problemática para establecer condiciones mínimas de gobernabilidad y convivencia pacífica. También falta mucha voluntad política de las organizaciones directamente involucradas.
Y si a esto se añade el desinterés histórico exhibido por diferentes gobiernos para atender, de manera seria y responsable el caso del desplazamiento interno triqui, es difícil, aunque no imposible, encontrar caminos para la paz. Actualmente hay decenas de familias que esperan volver y recuperar su vida en Tierra blanca, San Juan Copala y otras localidades.
El pasado 23 de diciembre se instaló una mesa de construcción de paz con justicia y bienestar para la nación triqui, así como de los movimientos que inciden en la zona, más los voceros de las familias desplazadas y las que viven en dichas localidades.
Dos meses después, poco éxito han tenido dichos esfuerzos pues, conforme se produce un hecho de sangre, un grupo se levanta de la mesa de diálogo y el otro también, responsabilizando al contrario de los ataques. Han sido varios los pactos y comisiones creados en gobiernos recientes, pero todos han fracasado porque los principales enemigos del pueblo triqui parecen estar en las oficinas donde “operan” funcionarios novatos, inexpertos e insensibles con la problemática indígena.
En la zona, el sector con mayor capacidad de movilización es el Movimiento Unificador de Lucha Triqui, fundado en los años 80, cuyo dirigente no siendo indígena, Heriberto Pazos (QEPD) estableció altos niveles de interlocución con el Estado a fin de “negociar” recursos y obras a favor de “sus” pueblos. Lo han demostrado durante los bloqueos carreteros de la semana pasada para denunciar tres crímenes.
Después aparecen los integrantes del Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente (Mullti), fundado en el 2006 y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), que data de mediados de los 90, “quienes (con el Mult) se responsabilizan unos a otros de los asesinatos, secuestros y emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojo”, ha señalado el investigador mixteco, Francisco López Bárcenas.
La violencia triqui es resultado de décadas de sojuzgamiento étnico por parte de grupos caciquiles y políticos que se pelean a muerte el poder (véase su artículo “La persistente Utopía Triqui: el Municipio Autónomo de San Juan Copala”). López Bárcenas, quien se decepcionó del poco tiempo en que colaboró con el gobierno de Fox, lo cual no lo descalifica para opinar, desconfía de la política indigenista del gobierno de la Cuarta Transformación: “Ahora el agua, el viento y la energía solar son deseados por el capital, pero también son valorados y defendidos por la gente que arriesga la vida por sus bienes naturales. Las comunidades están defendiendo, están resistiendo al capitalismo depredador que vivimos y también a la política que usa el gobierno federal que en nada es incluyente con los pueblos indígenas”, dijo apenas en diciembre, durante la presentación de una obra suya, en Juchitán de Zaragoza.
El reencauzamiento del problema triqui – aparte de rencillas familiares, comunitarias o de otro carácter, como en Santiago Amoltepec y otras zonas dominadas por cárteles y la delincuencia – demanda esclarecer los crímenes recientes y procurar justicia a favor de las víctimas que al paso de décadas han ensangrentado su territorio.
Pero además de los esfuerzos por promover condiciones de diálogo, es imperativo asumir verdadera imparcialidad y objetividad en la postura de los gobiernos estatal y federal, respecto de las organizaciones involucradas, sin discriminar a las mujeres desplazadas, pues parece haber un especial interés por desacreditar su lucha.
Falta emular el ejemplo de tolerancia, paciencia y capacidad de diálogo en el tratamiento de problemas sociales que observa el régimen de López Obrador. A Oaxaca le hará bien en despresurizar el clima álgido que por momentos alcanzan los conflictos sociales – incluyendo manifestaciones y bloqueos a que tanto ha recurrido la izquierda que hoy despacha en palacio de gobierno- a fin de ahuyentar cualquier medida autoritaria que los haga arrepentirse por el resto del sexenio. No debe olvidarse que el 15 de febrero de 2011, durante el primer gobierno de alternancia, una mala decisión federal y local lastimó la relación con el magisterio y nunca se restableció. ¡Aguas!
@ernestoreyes14
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