Alfredo Martínez de Aguilar
El Estado y Gobierno mexicanos están colapsados más que simplemente rebasados por la creciente espiral de violencia y cada vez más brutal violencia de la delincuencia organizada.
Oficialmente, se insiste en rechazar que México es un estado fallido, como ocurrió en la reciente Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, al asegurarse que se reduce la violencia.
“Se le ha venido ganando la batalla a la delincuencia. Hay una sustantiva reducción en la incidencia delictiva, sobre todo en los delitos de alto impacto”, dijo el titular de Gobernación, Adán Augusto López.
En el Consejo Nacional de Seguridad, la titular de la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo que van por el camino correcto. “Hay una estrategia nacional de seguridad que da resultados concretos”.
El optimismo de la Cuarta Transformación contrasta con los hechos brutales de la terca realidad que insiste en desmentir a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional con más de cien mil muertos.
Lo cierto es que cada vez es mayor el riesgo de una abierta intervención armada del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en defensa de sus intereses geopolíticos estratégicos.
Cada vez es más frecuente que entre los miles de mexicanos asesinados, desaparecidos y ejecutados, se encuentren ciudadanos norteamericanos, lo que ha encendido las alertas del gobierno de EU.
Congresistas, funcionarios y ex funcionarios de ambos partidos impulsan una permanente campaña para que los principales cárteles del narcotráfico mexicano sean declarados “terroristas”.
El argumento supremo de los congresistas de los dos partidos políticos gobernantes en la Unión Americana, demócratas y republicanos, son las poderosas razones de seguridad nacional en su frontera sur.
Las agencias de seguridad estadunidenses no ignoran que la narcopolítica y narcoeconomía es una genial perversa maniobra para sembrar el terror entre los mexicanos para facilitar gobernarles y enriquecerse.
El eficaz y eficiente trabajo de inteligencia de las agencias de seguridad norteamericanas sabe que en México la violencia es utilizada como instrumento de control político y negocio de la clase política.
En tales condiciones, la mayor y mejor estrategia para combatir a la delincuencia organizada es golpear los bolsillos de los narcopolíticos y narcoempresarios, y confiscar sus fortunas malhabidas.
Para ello es imperativo perfeccionar el procedimiento legislativo de extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles de los reales y verdaderos capos de “cuello blanco” en los gobiernos.
Oaxaca no es la excepción ni está exenta de este grave problema nacional a grado tal que, el titular de la SEDENA, Crescencio Sandoval, considera a la Ciudad de Oaxaca “foco rojo” por el alto índice delictivo.
En los primeros 100 Días de Gobierno de Salomón Jara, las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina han asegurado con drogas siete aeronaves y cuatro semi sumergibles en Oaxaca.
Ante la complacencia-complicidad gubernamental, en redes sociales circulan fotografías de milicianos con armas de alto poder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), con presuntos nexos con el crimen organizado.
El problema está más que sobre diagnosticado desde hace mucho. No obstante, es indispensable reorientar el combate al narcotráfico con un enfoque integral que inicie desde la salud pública.
Desde luego que no basta impulsar una intensa y permanente campaña de prevención de las drogas, sino profundizar el combate de los reales y verdaderos capos de “cuello blanco”.
El punto de quiebre se dio en los gobiernos priistas de José López Portillo y detonó con Miguel de la Madrid exponencialmente de manera irónica con la complicidad del propio gobierno de EU.
Los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, se echaron en brazos del narcotráfico, a través del entonces Cártel de Guadalajara.
La poderosa Dirección Federal de Seguridad y el Ejército servían a los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Juan Ramón Mata Ballesteros, Juan José Quintero Payán y a José Contreras Subías.
Con el apoyo de la CIA, el coronel Oliver North utilizó más de 47 millones de dólares de la venta de armas a Irán para financiar la lucha contra el gobierno sandinista de Nicaragua por la Contra.
La CIA utilizó a los capos de la droga de los cárteles de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, y de Medellín, Pablo Escobar, y a funcionarios de alto rango para financiar a la contra nicaragüense.
Los informes de las comisiones Tower, Walsh y Kerry arrojaron que aviones con supuesta ayuda humanitaria para Nicaragua, despegados en Estados Unidos, regresaban repletos de droga.
El informe de la comisión Kerry detalla que los narcos daban dinero, armas, aviones y demás “ayuda” a la contra nicaragüense a cambio de que los capos pudieran enviar su droga a los Estados Unidos.
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