Uriel Pérez García
En una acelerada sesión en sede alterna, que además podría derivar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmiende la plana ante la aprobación al vapor de 20 reformas, el Senado de la República finalizó el segundo periodo ordinario de sesiones en un contexto que para el caso del máximo árbitro en materia de transparencia y protección de datos personales en México lo deja en un impasse ante la imposibilidad de operar.
Lo anterior luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra imposibilitado para sesionar ante la falta de tres comisionados que debió haber nombrado la Cámara de Senadores, situación que pareciera apuntar más a su debilitamiento hacia una propuesta para la desaparición de dicho organismo autónomo, que únicamente por falta de acuerdos.
Si bien es cierto que desde hace poco más de un año el pleno del INAI se encontraba incompleto por la finalización del periodo de dos de los siete comisionados que integran el órgano de dirección, al finalizar su encargo un tercer comisionado no se cumple con el quórum mínimo para instalar las sesiones en las que se deben resolver aquellos temas en los que algún ente público se niegue o en su caso, no proporcione correctamente la información que la ciudadanía solicita.
En este sentido, es importante señalar que el hecho de que el pleno del órgano garante en materia de transparencia esté imposibilitado para sesionar no implica precisamente que la ciudadanía no pueda solicitar la información que requiera a las entidades, llámese gobierno de los tres órdenes, partidos políticos, sindicatos, Poder Legislativo, Judicial y todas aquellas instituciones que manejen dinero público y que tengan en su poder datos personales sensibles de los ciudadanos y ciudadanas.
Por tanto, la relevancia del pleno del INAI consiste en que es básicamente el árbitro que determina si efectivamente la información que se solicita debe ser de carácter transparente y de acceso público o en su caso reservada o confidencial de acuerdo a la evaluación que desde una perspectiva independiente y autónoma realizan las y los comisionados ante los recursos llamados de revisión, que la ciudadanía puede interponer para reclamar su derecho a conocer lo que considera de interés público.
Por otra parte también se encarga de garantizar que los datos que proporcionamos a distintas instituciones se encuentren debidamente resguardados puesto que se trata de datos de carácter personal en los que se encuentra información que podría vulnerar nuestra privacidad y que podrían ser utilizados de manera incorrecta.
Con la reforma constitucional de 2014 se logró consolidar un Sistema Nacional de Transparencia que permitió ampliar el derecho a la información a partir de establecer un catálogo más robusto de sujetos obligados a proporcionar información, lo que implicó además una serie de atribuciones que evidentemente elevó el presupuesto requerido para su operatividad.
Esta situación ha sido uno de los argumentos por parte del presidente de la república para demeritar la importancia del órgano de transparencia, soslayando el interés de ciudadanía, organizaciones y sobre todo de periodistas que a través de diversas solicitudes han puesto al descubierto actos de corrupción.
Es a partir de las resoluciones del INAI como se han dado pasos sustanciales para transparentar datos y expedientes que algunas instituciones se habían negado a otorgar y que luego de los recursos interpuestos el pleno del multicitado órgano se ha ordenado poner a disposición de cualquier interesado.
El ordenamiento jurídico en materia de transparencia no fue una concesión del poder político, sino más bien una respuesta ante la exigencia ciudadana que encabezó precisamente un grupo de académicos, periodistas y organizaciones en nuestra entidad, en el contexto de la alternancia en el gobierno federal en el año 2000, que planteó transitar hacia un sistema democrático más allá del plano electoral a través de gobiernos que respondieran directamente a las exigencias ciudadanas.
Múltiples escándalos de corrupción y la intención de ocultar información como en el caso Ayotzinapa, han sido el punto de partida para evidenciar a los malos gobiernos, hoy toca nuevamente exigir que se continúe garantizando el derecho a la información desde un organismo autónomo, puesto que no se puede considerar este derecho como un cero a la izquierda y convertir a las autoridades en juez y parte.
